La Junta amplía la investigación a UGT por el uso irregular de fondos

El Gobierno andaluz ha abierto un «procedimiento de revisión de oficio» para analizar el destino que el sindicato UGT ha dado a los fondos públicos otorgados por la Administración autonómica. Así lo confirmó ayer el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien detalló que fue el «instructor funcionario» quien lo decidió así, después de que el 16 de octubre finalizara el plazo para que el sindicato remitiera la información requerida en el marco de la investigación abierta tras las primeras informaciones sobre el uso indebido de dinero. Tras cuantificar en unos 25.000 los euros que UGT ha devuelto por el momento, Barrios explicó el «camino de clarificación» a seguir. «A partir de ahora –adelantó– se abre un plazo de tres meses en los que tendrá que presentar toda la documentación requerida, luego se pronunciará el gabinete jurídico de la Junta y se le trasladará al Consejo Consultivo de Andalucía». Preguntado por el importe estimado al que asciende el objeto del procedimiento de revisión de oficio, que abarcaría dos años, el consejero dijo desconocerlo. Lo que sí admitió es que la senda de la claridad podría acabar en expediente.

Las cuantías «que no correspondan con los programas que se le habían adjudicado a UGT», tendrán que ser devueltas y «podrán terminar en expedientes concretos», aseveró con claridad. El titular de Presidencia quiso subrayar, asimismo, la «total colaboración» del sindicato, pese a haber admitido previamente que éste no envió parte de la documentación solicitada por el instructor. Interrogado sobre si cree que ha podido existir laxitud en los controles por parte de la Junta, Barrios deslizó: «Cuando veamos el grado y el nivel de lo que estamos hablando, su magnitud, podremos decir si han fallado o no los controles».

La otra parte implicada, UGT, no ha asumido responsabilidades por el uso indebido de fondos. Los 25.000 euros de vuelta a los que aludió Barrios corresponden a dos facturas. Una de más de 12.700 euros ligada a una comida en la Feria de Abril de Sevilla de 2010. La otra, de casi 11.500, corresponde a la adecuación del pabellón de San Pablo de Sevilla.

En torno a este asunto, el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, exigió a la presidenta Susana Díaz que les permita personarse en la «supuesta» investigación o expediente interno.