La Junta cambia el control del ente que pagaba los ERE 13 años después

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer la modificación de los estatutos de la Agencia IDEA, el ente instrumental de la Administración regional que sirvió como «caja pagadora» en el «caso de los ERE» desde 2001 y que está vinculado a otros casos de corrupción como Invercaria o las presuntas irregularidades en la concesión de avales, otra de las piezas que instruye la juez Mercedes Alaya. IDEA es una herramienta clave dentro del engranaje administrativo de la Junta y ha sido el centro de numerosas críticas por parte de la oposición. El PP se ha referido a la empresa pública en alguna ocasión como «el banco público del PSOE», toda vez que ha concedido numerosas ayudas denunciadas luego en los juzgados –como los ERE o las correspondientes al «caso Bahía Competitiva», también judicializado–.

La Agencia IDEA se creó en 1987 con el nombre de Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Es en 2004 cuando se le cambió la denominación actual. En 2001 se creó el «procedimiento específico» que permitió abonar las ayudas de los ERE a través de esta empresa pública. IDEA cumplía órdenes de la Consejería de Empleo. Una simple directriz de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social era suficiente para que la empresa pública abonara cantidades millonarias sin comprobar el destinatario ni el uso final de esos fondos, toda vez que el expediente administrativo se encontraba en la Consejería de Empleo. En el sumario figura incluso un post-it manuscrito como único soporte documental para el abono de una subvención de la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles».

Una de las principales novedades de los nuevos estatutos, según anunció la Junta, es que la Agencia IDEA ya no será presidida por el consejero de Economía, sino por el viceconsejero. Esta medida se entiende como una forma de garantizar un mayor control del organismo público. Además, la secretaría general de la entidad «deberá ser ocupada preferentemente por un funcionario dependiente del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía». El matiz es importante porque no se trata de una «obligación» sino de la expresión de un deseo que deberá ratificarse posteriormente.

No son los únicos cambios normativos que se introducirán en la Agencia. El Consejo Rector también se modifica. Alaya ha imputado a la gran mayoría de sus miembros porque se limitaban a ratificar los acuerdos que se le presentaban sin atender a la posible ilegalidad de los mismos. Ahora, este órgano podrá «autorizar y aprobar las actuaciones e inversiones cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a 450.000 euros e inferior o igual a 3.005.060,52 euros, frente a los 1,2 millones anteriores». Este aumento de capacidad deberá ir acompañado de una mayor implicación por parte de sus miembros. En cualquier caso, las ayudas superiores a 1,2 millones deberán ser ratificadas posteriormente por el Consejo de Gobierno, tal y como recoge Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía –requisito que no siempre se cumplió en el «caso de los ERE», según expone Alaya en su instrucción–.

El propio portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, encuadró ayer este cambio en los estatutos de la empresa pública en el deseo de que «no queremos que se vuelvan a repetir procesos del pasado». De hecho, el pasado mes de junio, el director general de la Agencia IDEA Antonio Valverde dimitió de su cargo tras su imputación en el «caso de los ERE» y la petición de una fianza por responsabilidad civil de 3,6 millones de euros por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Oficialmente, IDEA es la agencia de desarrollo regional del Gobierno andaluz, especializada en la creación y modernización del tejido empresarial.