La Junta confirma una oferta «masiva» de 5.321 plazas docentes para este año

Después de que el último Consejo de Gobierno del año diera luz verde a la convocatoria de 25.520 plazas de empleo público durante los próximos tres años, con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración autonómica, llega la hora de que los diferentes sectores concreten sus procesos de selección. Ayer le tocó el turno al ámbito educativo, cuya mesa sectorial aprobó una oferta pública de empleo docente para este año de 5.321 plazas. En concreto, se trata de 2.321 plazas para los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, de Formación Profesional, de las Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño, además de maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. A estas plazas hay que sumar tanto las 3.000 correspondientes al acuerdo de estabilización de empleo y las 83 del cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, aunque éstas ya estaban aprobadas con anterioridad.

El de ayer fue el primero de una serie de trámites que desembocarán, según aseguraron a LA RAZÓN fuentes del sindicato CSIF, en la realización de las pruebas en torno al 24 de junio, en consonancia con lo que ya vienen barajando otras comunidades autónomas. El próximo 15 de marzo se celebrará otra mesa sectorial, de la que saldrá la orden de convocatoria para su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Con la orden ya publicada los aspirantes tendrán un plazo de 20 días para apuntarse. Luego se publicarán los listados provisionales y se abrirá un nuevo plazo para las reclamaciones. Tras el nombramiento de los correspondientes tribunales, las oposiciones podrían realizarse a finales de junio.

La mayoría de las plazas de la convocatoria de este año se refieren al ámbito de la Educación Secundaria, centrándose el año que viene en los maestros de Educación Infantil y Primaria. Ambos ámbitos se irán alternando en las convocatorias sucesivas.

Los sindicatos acogieron de forma satisfactoria el anuncio de esta primera oferta, «iniciándose así la aplicación del acuerdo de mejora del empleo público que supone un paso muy importante para la creación de empleo estable», subrayó CSIF. No obstante, la central lamentó que no se haya modificado el Real Decreto 276/2007, que regula el acceso a la función pública docente, de modo que el Ministerio de Educación «se ha opuesto de forma radical a que las pruebas de la fase de oposición no fueran eliminatorias, tal y como hemos planteado las organizaciones sindicales». CSIF, sin embargo, «seguirá luchando para que se contemple en la normativa el carácter no eliminatorio de las pruebas y se valore al máximo legal permitido la experiencia docente». Pese a todo, esta convocatoria y las sucesivas «van a significar una recuperación de derechos para el profesorado y la educación, estabilizando y mejorando el empleo y reduciendo notablemente la precariedad laboral en el sector docente».

El secretario general de la federación de enseñanza del sindicato CC OO, Diego Molina, aseguró que «la mayor garantía de la estabilidad del profesorado y de un empleo estable y de calidad son las oposiciones masivas», por tanto: «cuantas más plazas mejor». Molina también exigió un cambio en el sistema actual «para que se tenga en cuenta la experiencia y que se establezcan pruebas no eliminatorias».

Por su parte, el presidente de ANPE-A, Francisco Padilla, destacó que la Consejería de Educación «está aprovechando la oportunidad, dentro de este acuerdo, de permitir una amplia oferta de empleo público», puesto que «la mayor estabilidad te la da el acceso a la condición de funcionario». «Otro tipo de estabilidad es temporal, crea discriminaciones y provocaría desaprovechar una oportunidad histórica, después de los recortes, de crear un empleo estable y de calidad», subrayó Padilla, quien valoró positivamente que la tasa de reposición se sitúe «casi al cien por cien», pues «entendíamos que condicionábamos una futura oferta para dentro de dos años».

Cabe recordar que con la oferta extraordinaria de empleo público la Junta prevé reducir la tasa de temporalidad de la Administración, de aquí a tres años, al 8 por ciento, frente al 23 actual.