La Junta desvió 303 millones de fondos Feder destinados a energía y transporte

La Delegación del Gobierno en Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) evidenciaron ayer la mejorable gestión de la Junta de Andalucía en relación a los fondos Feder de la Unión Europea, un aspecto del que la Administración andaluza se viene vanagloriando de sacarle el máximo provecho a los mismos. La delegada del Gobierno Carmen Crespo y el presidente de la CHG, Manuel Romero, lamentaron el desvío por parte del Ejecutivo de Griñán de 303 millones de euros de fondos Feder programados a inversiones en energía y transporte y que se destinaron a otros fines.

La Junta ha venido alardeando de su gestión de los fondos europeos, lo que le llevó, incluso, a certificar obras inconclusas para conseguir adelantos. El Tribunal de Cuentas, no obstante, exigió la devolución de 219 millones por irregularidades, confirmando las multas impuestas por la Comisión Europea por fallos en el uso de fondos Feder. A finales de 2012, la Junta había ejecutado un 44% de los fondos europeos 2007-2013. El parón de las obras, según el Colegio de Ingenieros, puede suponer la pérdida de 1.500 millones.

La Delegación del Gobierno y la CHG criticaron la paralización de la inversión hidrológica en Andalucía desde junio de 2011, cuando la Junta reprogramó 303 millones de los fondos Feder consignados a este capítulo y destinándolos a otros sectores, según recogió Efe. Crespo definió esta decisión como «un error garrafal». Romero vinculó la estrategia de reprogramación de la Junta con la pérdida de competencias autonómicas de la gestión de la cuenca del Guadalquivir. El presidente de la CHG también urgió a la Junta a que acabe la construcción de las más de 200 depuradoras pendientes, recordando que la Administración andaluza recauda con esta finalidad un canon autonómico desde hace años. En lo que respecta al dragado del Guadalquivir, Romero mostró su extrañeza por que la Autoridad Portuaria de Sevilla, promotora del dragado, todavía no haya presentado el proyecto técnico para una obra que se debe ejecutar antes de diciembre de 2015 para no perder los fondos europeos Feder que la financia y que debe ser aprobada por la Junta, que es la Administración con las competencias en el estuario del río. La CHG recordó que la protección de las márgenes –una inversión de unos 170 o 180 millones– de las olas de más alturas que generarán los barcos de mayor calado debe abarcar desde Coria del Río (Sevilla) hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con especial atención en la zona que afecta al Parque Nacional de Doñana. En relación a los arrozales, Romero indicó que el dragado aumentará la entrada de agua de mar en el río y, por tanto, la salinidad de las aguas, por lo que sería necesario dotar a las 124.000 hectáreas de arroz de agua dulce, captada río arriba, según lo previsto en el plan de modernización para ahorrar 124 hectómetros cúbicos al año, presupuestado en más de 280 millones y con un plazo de ejecución hasta 2024.

El presidente de la CHG consideró «difícil» que el Puerto de Sevilla consiga compatibilizar la citada fecha con la de diciembre de 2015, cuando acaba el plazo para realizar el dragado con fondos Feder. No obstante, indicó que pueden existir otras fuentes de financiación. En todo caso, la obra sólo se puede autorizar cuando se cumplan las medidas de la Declaración de Impacto Ambiental.