La Junta negocia sin publicidad 168 contratos más en cuatro meses y medio

Desde el ámbito judicial mantienen que debe ser una fórmula de contratación «excepcional»

La lista de contratos negociados sin publicidad en los que participa la Junta cada día es más abultada. Si a mediados de noviembre de 2016, LA RAZÓN informaba del brote de una nueva pestaña que hacía referencia a ellos en la plataforma de contratación virtual del Gobierno andaluz en la que se admitía que se habían formalizado hasta entonces 1.401, ese número ha crecido hasta los 1.569. Esto es, se han incrementado en 168 en cuatro meses y medio, según los registros que constaban en el mencionado sitio web al cierre de esta edición.

Se trata de una fórmula de contratación administrativa que permite mayor agilidad que los procesos abiertos o restringidos, sobre todo, si se tira de la modalidad gestionada sin publicidad, pero que fuentes jurídicas consultadas por este periódico ya advirtieron de que debería ser «excepcional», como se ha establecido en la jurisprudencia de la Unión Europea (UE). Explicaron además que por ese motivo su régimen difiere de las reglas que rigen en los otros sistemas de contratación señalados y que debían aplicarse siempre «únicamente en los supuestos que determina la ley». Si bien, un vistazo a ese apartado de la plataforma del Ejecutivo regional permite comprobar que las consejerías recurren a este modelo para cubrir toda una amalgama de servicios. De acuerdo a las entradas más recientes, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, dependiente del departamento que dirige Adelaida de la Calle, lo ha hecho para ocuparse de la impresión y la distribución del material de la prueba de evaluación denominada Escala correspondiente al curso escolar 2016-2017 o para renovar, la misma consejería, el soporte del «clúster cortafuegos» en sus servicios centrales. La cartera de Salud que coordina Aquilino Alonso Miranda, por ejemplo, ha negociado sin publicidad el suministro de varios medicamentos, de aparatos para distintos centros hospitalarios, la realización de estudios o la instalación de equipamiento y mobiliario para algún hospital como el de alta resolución de Lebrija (Sevilla). Pero se ha elegido también este tipo de asignación para mantener la jardinería de las sedes administrativas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada o el procesado de imágenes digitales de las campañas fotográficas contratado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Y la hilera prosigue. El Tribunal de Cuentas censuró recientemente, a raíz de un informe sobre la contratación del sector público relativo al ejercicio de 2012 que elaboró, el exceso de acuerdos previos entre las administraciones y algunas empresas a la hora de contratar, una práctica que, aunque puede estar justificada por motivos técnicos en ciertos momentos, supone una traba para el acceso a las licitaciones. A ello se suma que la Cámara de Cuentas de Andalucía llamó la atención en otro informe relativo al mismo año sobre que muchas de las necesidades que se saldaron con esos contratos no tenían carácter coyuntural, sino recurrente y prolongado en el tiempo. Otra crítica se ha hecho desde el ámbito sindical. Esa manera de establecer relaciones contractuales «no casa» con un Gobierno que «presume» de ser pionero y exigente con la transparencia.