La Junta no da información sobre los ayudas de IDEA, Soprea e Invercaria

La información sobre determinadas operaciones que realizan los entes instrumentales de la Junta de Andalucía no es pública. Ése es el criterio que esgrime ahora la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para negar información sobre los préstamos concedidos por la Agencia IDEA, Soprea e Invercaria. Tampoco detalla los avales otorgados por las dos primeras. En una respuesta parlamentaria a una pregunta de los diputados del Partido Popular Patricia del Pozo y Miguel Ángel Torrico, el consejero José Sánchez Maldonado responde que «a las iniciativas parlamentarias formuladas por Sus Señorías, he de manifestarle que, como usted bien conoce, las respuestas a las preguntas de tramitación escrita formuladas por los Diputados al Consejo de Gobierno se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. Este hecho podría vul­nerar los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa­ción pública y buen gobierno, en concreto, lo determinado en su artículo 14.1...».

La respuesta de Sánchez Maldonado deja en evidencia que el problema principal es que esa información sería «pública», ya que el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía es un documento de acceso libre. El artículo que esgrime regula las limitaciones de acceso a la información, cuando ésta suponga un perjuicio para: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; o la protección del medio ambiente.

Las causas contempladas son tan diversas que una interpretación restrictiva de ese artículo cortocircuita prácticamente toda petición de información sobre asuntos económicos, ya que este tipo de operaciones suelen comportar en muchas casos cláusulas de confidencialidad. Sin embargo, la Junta no siempre ha esgrimido este criterio. Un rastreo del mismo Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía da cuenta de otras respuestas en las que sí se detalla información sobre los avales concedidos por la Agencia IDEA. Así, en el BOPA de 22 de enero de 2015, a una pregunta formulada por la misma diputada Patricia del Pozo y el entonces parlamentario Rafael Salas sobre avales recuperados por la Agencia IDEA, el propio Sánchez Maldonado respondía que «he de manifestarles, que a fecha 31 de agosto del presente año se han ejecutado más de ciento setenta y cuatro millones de euros, habiéndose recuperado a esta fecha más de sesenta y ocho millones de euros y estando pendiente de recuperar más de ciento siete millones de euros». La información iba acompañada por un detallado cuadro en el que aparecía el número de expediente, el nombre de la empresa, la cantidad ejecutada y la recuperada, así como la provincia en la que la sociedad tenía su sede.

El BOPA no es el único documento oficial en el que ya se ha publicado información sobre avales u operaciones de estas empresas públicas. En los informes de la Cámara de Cuentas, que también son de acceso libre en internet para todos los ciudadanos, también ha aparecido un desglose detallado sobre la actividad de estos entes instrumentales. Por ejemplo, recientemente el citado órgano fiscalizador cifró en 444,2 millones de euros las pérdidas acumuladas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), apuntó la existencia de incumplimientos de la normativa presupuestaria y en el ámbito de la contabilidad y expresó que el riesgo de la Agencia por los avales concedidos ascendió a 103,9 millones a final del ejercicio 2012, con la advertencia de que se observaba «una concentración del riesgo en algunas empresas».

La gestión económica de la Agencia IDEA, Soprea e Invercaria ha sido motivo de controversia política y de investigaciones judiciales. La Audiencia ratificó la investigación sobre los préstamos y avales concedidos por la primera y la instrucción del juzgado 16 de Sevilla que afecta a Invercaria, la sociedad de capital riesgo de la administración andaluza, ha cerrado ya varias piezas en las que se separó la causa.

El consejero de Empleo concluye su respuesta a los diputados del PP señalándoles que «existe otro tipo de iniciativas reguladas por el Reglamento del Parlamento de Andalucía que Sus Señorías podrían utilizar para poder recabar la información que solicita para con ello poder desarrollar su efectivo control a la labor del Gobierno». En concreto, el artículo 7 de la Cámara habilita a los diputados a «recabar de las Administraciones públicas de la Junta de Andalucía los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal». La práctica habitual es que se desplacen a las dependencias de la Junta, previa solicitud, y consulten la información sin poder hacer copias o fotografías de la misma para evitar filtraciones.