La Junta paga diariamente 124 operaciones quirúrgicas en clínicas privadas

Cada día más un centenar de personas se opera en clínicas privadas. No son intervenciones que pagan de su bolsillo, se trata de acuerdos con la sanidad pública para derivar pacientes allí y aliviar sus listas de espera. Los hospitales concertados firman un contrato con la Junta de Andalucía para ofrecer determinados servicios en zonas con menor cobertura o especial saturación. Sevilla, Cádiz y Málaga son, en ese orden, las provincias donde más peso tiene la sanidad concertada. Los servicios han ido aumentando y el coste público también. En el último año se pagaron 322 millones por este concepto, según reconoce la Consejería de Salud a través de una consulta en el Portal de Transparencia. El año anterior se había reducido a 133 millones, lo que supone que el desembolso se ha duplicado.

La privatización sanitaria no llega al nivel del otras comunidades ni amenaza el mayor sistema de la sanidad pública de España, pero los 16 hospitales privados que colaboran con la Junta copan cada vez más actividad. En Cádiz los acuerdos con el grupo Pascual garantizan la cobertura en zonas como Sanlúcar de Barrameda o El Puerto de Santa María –el último contrato se firmó por 340 millones y cuatro años de duración–. En Sevilla (2) y Málaga (4) la actividad ha aumentado en los dos últimos años. Los centros cubren un amplio espectro de atención, desde pruebas diagnósticas a ingresos hospitalarios o urgencias, pero una muestra del incremento de la actividad es el mayor número de intervenciones quirúrgicas que se ha realizado en estas clínicas, con un salto de 31.300 a 45.400 en solo dos años, según información facilitada por Salud.

Andalucía es la segunda comunidad que más inversión realiza en sanidad, por detrás de Cataluña y seguida de Madrid. Más de ocho mil millones de los que la partida para sanidad privada supone un porcentaje exiguo –en torno a un 4%–, pero que no ha dejado de crecer mientras las listas de espera se desbordan en determinadas especialidades.

Si se analiza el gasto por habitante, la comunidad cae al último puesto: es de largo la que menos dinero destina (1.042 frente a 1.233 de media en España), como atestiguan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El ámbito privado ha ido además comiendo terreno al público al garantizar al atención en menor tiempo. Los seguros de salud han experimentado un constante crecimiento y en torno a 1,4 millones de andaluces disponen de uno –el 14% del total en España–. A ello han destinado 994 millones de euros en pago de primas.

El gasto privado general supone 3.667 millones, según datos recogidos por la Fundación Idis en su informe de 2018. En 2014, los hospitales públicos sumaban el 71% del gasto sanitario; actualmente el 68%. Se ha conjugado una inversión menor de la Junta y un florecimiento de centros privados, especialmente en las grandes capitales, Sevilla y Málaga. Este sector representa el 58% de los hospitales andaluces y el 28% de las camas disponibles.

El estudio de Idis indica que una de cada cuatro intervenciones quirúrgicas se realizan ya en hospitales privados. Esta es la actividad más requerida. Para consultas a especialistas y urgencias los andaluces siguen recurriendo mayoritariamente al sistema sanitario público, aunque en ambos casos esta opción es cada vez más elegida y ha aumentado progresivamente un 6% respecto a 2014.

Fuga de pediatras

Faltan pediatras. Esa premisa no la discuten ni los profesionales ni los responsables políticos. No lo hacen porque los números «cantan»: un 30 por ciento de las plazas en centros de salud las ocupan médicos de familia, que no son especialistas en niños. La consejera, Marina Álvarez, reconocía esta misma semana esa «escasez». En lo que no coinciden es en las causas que la han provocado, que la consejera artibuye al Gobierno.«Llevamos mucho tiempo con una supuesta escasez de especialistas. Faltan en la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque no se apuntan. Las condiciones que ofrecen no son buenas. Desde hace mucho tiempo hay una desviación de profesionales que prefieren irse a la privada», explica Rafael Jiménez Ales, presidente de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía. Este año se ofertarán 355 plazas y se incorporarán 44 más para descargar consultas masificadas. Las zonas rurales son las que suelen padecer este déficit. «Las familias no protestan porque realmente no saben quién los está atendiendo. Se les contrata como pediatras aunque no tengan formación. Es como si contrataran como cirujano a un médico residente que solo ha rotado tres meses por cirugía», se queja. «Profesionales hay –insiste Jiménez Ales–Si aumentasen las retribuciones muchos de los que han emigrado a Finlandia, Inglaterra, Suecia, Alemania o Francia volverían. Allí no se van por el clima, se marchan porque son mejor tratados, ganan más, tienen cupos más grandes pero ven a menos pacientes porque hay medidas para controlar la demanda».