La Junta paraliza las políticas de Empleo pese al 35 por ciento de paro

Las políticas de Empleo no son una prioridad para el bipartito. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo suspendió el 5 de noviembre las convocatorias de subvenciones regladas por falta de disponibilidad presupuestaria. En la práctica, las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) llevaban ya meses con solicitudes archivadas porque no existía crédito, según informó este periódico. La orden, que ayer hizo pública el PP-A, suspendió hasta nueve órdenes vigentes de líneas de ayudas a la creación y el fomento del empleo. Entre ellas, programas de inserción laboral; concesión de ayudas públicas para las corporaciones locales; escuelas taller; empleabilidad; o itinerarios de inserción.

La decisión del consejero Antonio Ávila se produjo cuando aún quedaban dos meses para el cierre del ejercicio presupuestario. La tasa de paro andaluza se sitúa en el 35,42 por ciento, pero el Ejecutivo andaluz no tiene dinero para las políticas activas de empleo, competencia de la Administración autonómica desde 2003.

En la resolución, el responsable de Empleo argumenta que «en aras a garantizar una mayor racionalización en la gestión de los recursos públicos, resulta necesario suspender las convocatorias de las distintas líneas de ayudas que de forma automática abren plazo de presentación de solicitudes por la Consejería a través del SAE». Son, por tanto, programas vigentes –algunos, como los de inserción laboral, son del mismo 2003– y a los que anualmente se les dota de partidas presupuestarias suficientes para su ejecución. Ahora, quedarán sin efecto.

Los argumentos de la Junta para tomar esta decisión también aparecen reflejados en la resolución. Y aunque sea un documento interno, no se ahorran reproches al Gobierno central. Señala que las competencias en materia de políticas activas de empleo están en manos de la Junta pero dentro «del marco de la legislación estatal y que por tanto debe ejecutar los programas de empleo de acuerdo con el marco desarrollado por el Gobierno, todo lo cual limita su capacidad de gestión».

Expone Ávila que la intención del Ejecutivo andaluz era «adecuar las bases reguladoras de subvenciones hasta tener certeza de los programas y líneas de ayudas que quedarían vigentes» pero que el decreto de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobado por el Gobierno de Rajoy ha provocado un cambio de planes.

La situación actual es que toda la política de ayudas a la creación de empleo ha quedado paralizada, a lo que se suma la difícil situación de las oficinas del SAE tras los despidos de los asesores y promotores de empleo.

La portavoz de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, denunció estos «planes ocultos de la Junta en materia de empleo, que suponen la muerte definitiva de unas políticas que ya estaban gravemente heridas por la falta de ejecución y compromiso presupuestario del gobierno andaluz».

Según Ruiz Sillero, su partido ya denunció «el engaño permanente del bipartito al ocultar la existencia de esta orden que ya se está aplicando, puesto que está sirviendo como argumento para el despido de los trabajadores afectados por el ERE del sindicato UGT».

De hecho, en la carta de despido de uno de los trabajadores del sindicato, se justifica la decisión ante la falta de consignación presupuestaria por parte de la Junta para programas vinculados a esas órdenes.

Sin ayudas vinculadas al territorio

La decisión de Empleo incluye a las ayudas a empresas de I+E, vinculadas al territorio. LA RAZÓN ya adelantó que las solicitudes se almacenaban en el SAE por falta de dinero. La resolución confirma que no podrán inscribirse nuevas sociedades en el registro de empresas de este tipo, requisito previo para optar a las subvenciones de la Orden de 21 de enero de 2004 que las regula.