La Junta «perdió» una ayuda de UGT a la que ahora facilita el acceso

Sevilla- La dureza volvió a marcar el «cara a cara» parlamentario de ayer entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, centrado de nuevo en buena medida en la corrupción. El popular deslizó de arrancada una serie de preguntas como: «¿Va a entregar por fin toda la información solicitada, sí o no?; ¿quiénes son los que ocupan los puestos de libre designación y el personal de confianza y cuánto cobran?; ¿seguirá concediendo subvenciones en los organismos no sujetos a control de la Intervención General?». Y continuó con el tiroteo con balas de plata: « ¿O todo va a seguir igual para que, como dice Chaves, si un director general quiere robar, pueda?; ¿va a personarse por fin la Junta en las causas judiciales en las que estén afectados los fondos públicos, con independencia de quienes sean los imputados?». Y, sin modular el tono, planteó también si ha habido «alguna consigna» por parte del Ejecutivo autonómico o del PSOE para que «los altos cargos imputados en la causa de los ERE se acojan a su derecho constitucional a no declarar», para espetar: «¿Es ésa la colaboración que pide la Justicia?».

Esta última cuestión en concreto provocó que la socialista reaccionara tirando a dar. Insistió en la interinidad del presidente del PP-A al aseverar que tenía en la bancada de enfrente «a un líder de la oposición en salida, a un alcalde –de Sevilla–». «Lo que no sé –matizó Díaz– es si, después de su intervención, puedo dar crédito a que tenga a un juez en excedencia», manifestó en alusión a la supuesta consigna del silencio en sede judicial. De hecho, la presidenta recordó que el derecho a no declarar de los altos cargos procesados en un juzgado entra «dentro de las garantías constitucionales en su defensa». Recalcó que tendrá «tolerancia cero» en todo lo que huela a corrupción y formuló un anuncio: a los Presupuestos de la Junta se incorporará el informe que encargó a la Intervención General «para garantizar la fiscalización previa y 'a posteriori' de las transferencias de financiación» que, según afirmó, ya está concluido. Se trata del mecanismo administrativo que se empleó para engrosar las partidas con las que se pagaron los ERE irregulares que investiga la Justicia.

«Palabra dada y promesa cumplida», proclamó la socialista.

Y hubo contrarréplica. Zoido se congratuló con ironía de que Díaz se hubiera «vuelto a sacar una medida de la chistera» y deslizó: «Procure también que le den toda la información acerca de un expediente que no pudo ver la Cámara de Cuentas cuando estaba auditando al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)», lanzó. Se refería a la documentación sobre una subvención de 1.954.440 euros concedida a UGT-A en 2009. Como recordó el popular, el Ejecutivo andaluz alegó para justificar esa ausencia que el expediente se había «perdido». Si bien ahora, a una pregunta sobre el asunto de la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, y el letrado mayor del Parlamento han respondido autorizando «el acceso a los archivos y registros» solicitados para que «pueda tomar las notas que considere oportunas» en las dependencias de la Consejería de Economía. Lo que suscita una duda: ¿se perdió o no el expediente ligado a UGT-A?

La presidenta confirma el recorte en la extra de los funcionarios

El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, acusó ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de haber «mentido» al sostener que «no iba a haber recortes» a los funcionarios que ahora «van a dejar sin extra», criticó. De hecho, conminó a la socialista a «rectificar». Si bien, Díaz reaccionó recordando a Zoido que en comunidades gobernadas por el PP también se aplicará una medida que la Junta justifica en que supone «salvar 30.000 empleos públicos» que las políticas del Gobierno central hubieran enviado «a la calle».