La Junta pide al TSJA la ejecución forzosa para poder inscribir el suelo a su nombre

La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso para inscribir a su nombre el suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución forzosa de la sentencia que le da la propiedad de las cinco fincas por 2,3 millones de euros.

El escrito, consultado por Europa Press, ha sido elevado a la Sección Primera, que dictó el fallo que devino firme en enero, y en este, la Junta se adhiere a la solicitud de la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que lo pidió el pasado mes de mayo y se reiteró en ello a principios de septiembre.

La Junta cambia así su postura y desiste del escrito que presentó en junio, en el que se oponía a la ejecución forzosa del retracto aludiendo a la inseguridad jurídica, al estar otras dos sentencias sobre el mismo tema pendientes de recurso en el Tribunal Supremo, y a la falta de legitimización del colectivo ecologistas para pedirlo.

Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, el objetivo de la administración es que el TSJA dicte decreto de ejecución de sentencia, lo que le daría "un titulo ejecutivo"para proceder a la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad después del frustrado intento de elevar ante notario el contrato de compraventa a escritura pública.

Cabe recordar que la promotora del hotel, Azata del Sol, no se presentó a la cita en la notaría el pasado día 12 y remitió un escrito en el que se oponía a ese acto administrativo, por lo que el notario emitió informe negativo a la inscripción registral de las fincas por las que el Gobierno andaluz ha depositado la cantidad de 2,3 millones.

En su escrito, unido el pasado día 23 al incidente de ejecución abierto en la Sección Primera, la Junta apela a su "voluntad"de "preservar"el parque natural de Cabo de Gata en la zona de El Algarrobico "ocupada"por las fincas sobre las que se ejercio derecho de retracto en 2006 y a la declaración de firmeza de la sentencia que valida este acto del Gobierno andaluz. Comunica al Alto Tribunal andaluz, asimismo, que se adhiere a las alegaciones de 'Amigos del Parque'.

El retracto se justificó en su día en la protección de los valores ambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y así lo confirmó el TSJA en una resolución en la que subrayaba que el interés medioambiental del paraje "resulta notorio"por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas y aludía al fallo de la misma Sección Primera que en junio de 2012 declaro el paraje "espacio protegido no urbanizable".

Las dos últimas sentencias del Alto Tribunal andaluz con respecto al hotel de una veintena de plantas y unas 411 habitaciones y dictadas por la Sección Tercera en marzo y en julio concluyen, sin embargo, que el suelo sobre el que se levanta es urbanizable y que la licencia municipal de obras concedida en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras es "conforme a derecho".

SE UNE A LA PETICIÓN DE NULIDAD DE LA SENTENCIA DE LA LICENCIA

La petición de ejecución forzosa del retracto por parte de la Junta se une al anuncio efectuado el lunes y en el que informaba de que había solicitado al tribunal la nulidad de esta última sentencia.

El incidente de nulidad presentado por la administración llega después de que se admitiera a trámite el promovido por Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, que sostienen que la sentencia conculca la tutela judicial efectiva e ignora hasta cuatro sentencias que establecen como "cosa juzgada"que el inmueble viola la Ley de Costas y se ubica en suelo no urbanizable de especial protección.

Se trata pues de un incidente de nulidad paralelo al interpuesto por los colectivos ecologistas ya que en este procedimiento el departamento que dirige María Jesús Serrano ya ha realizado alegaciones adhiriéndose al mismo.

Con ambas acciones ante el Alto Tribunal andaluz, la Junta de Andalucía que persigue anular la resolución que revoca el fallo de 2008 que dictaminó que la licencia contravenía la Ley de Costas y la normativa medioambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y que, devenida en firme y al entrar en ejecución, daría vía libre a la continuidad de las obras, que se paralizaron a un 94,1 por ciento de ejecución, por parte de la promotora Azata del Sol.