La Junta reduce en 2017 las obras hidráulicas en un 11%

Las grandes cifras del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el 2017 esconden varias lagunas. El Gobierno andaluz anunció que, pese al aumento en las partidas destinadas a sanidad y educación, así como la recuperación de derechos para los funcionarios públicos, aún había dinero para un aumento del diez por ciento en la partida destinada a obra pública. En realidad, lo que sí subirá ese diez por ciento es el presupuesto de la Consejería de Fomento, mientras que la partida prevista para las inversiones asciende a 3.668 millones de euros, un 3,7 por ciento más que este año.

Pese a este modesto incremento, hay partidas que bajan. Por ejemplo, las destinadas a obras hidráulicas. En la memoria de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía –ente público encargado de contribuir a la protección y mejora del medio ambiente y del territorio, su desarrollo sostenible, así como el apoyo a la gestión integral del agua– se detalla que esta empresa contará con 252 millones de euros, cantidad que contrasta con los 284 millones de los que ha dispuesto este año. Ese descenso del 11,2 por ciento «responde fundamentalmente a la disminución de la previsión de actuaciones en obras hidráulicas», se aclara.

Dentro de las obras hidráulicas, la construcción de las depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales ocupan un lugar muy destacado. Andalucía incumple la Directiva Marco de Agua que obliga a la depuración del cien por cien de sus aguas residuales. En el anexo de inversiones para el próximo ejercicio, la partida destinada a saneamiento y depuración y obras de interés de la comunidad autónoma se reduce 10 millones de euros. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró en el Parlamento de Andalucía durante la presentación del proyecto de Presupuesto en comisión que no le importaba «tanto que haya 10 millones más o 10 menos en doscientos y pico que destinamos a esta materia, como que subamos la ejecución». Fiscal restó importancia a la cantidad porque «no es absolutamente relevante que haya 10 millones de euros más o menos, sino el trabajo que vamos a hacer, y en el que estamos empe­ñados, por acelerar la ejecución de obras hidráulicas, básicamente en materia de depuración». Pese a no criticar la partida dedicada por su departamento a esta materia, sí lanzó un mensaje al Gobierno central para que «se comprometa con Andalucía, y las obras de interés general del Estado, que son muchas y muy importantes, también tengan, como mínimo, el mismo grado de preocupación que vamos a tener nosotros en la agilidad, en la ejecución de lo que es de nuestra competencia».

Sobre la depuración de aguas ha habido mucha polémica. Recientemente, el Defensor del Pueblo ha concluido una actuación de oficio sobre este tema. En su informe, entre otras cuestiones, censura la transparencia del Ejecutivo. En 2010, el Consejo de Gobierno declaró de interés para la comunidad autónoma 300 obras de saneamiento y depuración. Se anunció incluso que este paquete de infraestructuras supondría la inversión total de 1.765 millones de euros y un empleo asociado de 28.400 puestos de trabajo. El dinero para financiar el plan se obtendría fundamentalmente del canon de mejora de infraestructuras, establecido por la Ley de Aguas. Esta tasa está incluida en los precios por el uso del agua, tiene carácter finalista y se debería reinvertir en obras de construcción, ampliación y mejoras de obras de saneamiento. Ahí ha radicado el principal problema: la Junta ha obtenido el dinero pero no lo ha gastado íntegro.

La Junta recaudó el año pasado 102 millones de euros por este tributo, un 15,3 más que en 2014 (88 millones). Esta cifra ya se ha superado en la recaudación acumulada hasta agosto, que se eleva a los 115 millones de euros, un 17 por ciento más que en los ocho primeros meses de 2015. El Defensor del Pueblo ha recomendado a Medio Ambiente que adoptara las medidas oportunas «para dar la máxima difusión» del estado de ejecución de estas obras y de «los criterios objetivos y públicos de priorización» de las pendientes de ejecutar.

Se da la circunstancia de que la Comisión Europea ha solicitado hace unos días al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que multe a España con 46,5 millones de euros por la falta o mal funcionamiento de depuradoras en 17 núcleos urbanos, entre ellos los andaluces de Matalascañas, Alhaurín el Grande o Isla Cristina.