La Junta regó «año tras año» a una empresa sin actividad

La Policía detectó que sus ingresos se correspondían «con los porcentajes de las subvenciones» concedidas por el SAE cada ejercicio.

Una suerte de respiración artificial. Esto es lo que la Policía detectó al investigar al Centro de Estudios Tecnológicos SC (Cestec SC) en el ámbito de la causa que sobre las ayudas de la Junta para formación arma el juzgado de Instrucción 5 de Huelva, la empresa que, como adelantó este diario, imputó a un curso «luz, agua, alarma, limpieza e Internet al 100%», pese a que «la acción formativa sólo era por 5 horas al día», con lo que cubrió «los gastos propios con el dinero público subvencionado», según se refleja en el informe policial. Pero esto no es lo único que llamó la atención de los investigadores. Lo hizo también que durante los ejercicios 2009, 2010 y 2013 la sociedad «no declaró gasto alguno». «Se aprecia una actividad prácticamente nula –asevera la Policía–, pero año tras año se recogen ingresos por parte del SAE –Servicio Andaluz de Empleo– que se corresponden con los porcentajes de las subvenciones concedidas en todos los años».

Sus pesquisas se centraron en una ayuda de 26.235 euros que el SAE onubense, cuya actuación analiza el juzgado, le concedió en 2011 y que Cestec pidió en 2010, fechas en las que la sociedad «carecía de actividad regular ordinaria, no figurando de Alta en la Seguridad Social, ya que se encontraba de baja desde 2005», recalcan los agentes. Es más, la entidad subvencionada para impartir un curso de «Informática de usuario» no presentó «documento acreditativo de estar al corriente de pago con la TGSS –tesorería de la Seguridad Social– ni con la AEAT –Agencia Tributaria–» al solicitarlo.

Los mencionados fondos no son los únicos que el Ejecutivo andaluz asignó a Cestec. Con cargo a los programas presupuestarios 32D y 32L habría recibido en total, de acuerdo a lo reflejado por los agentes, 98.977,50 euros.

De vuelta al expediente de la ayuda para la acción formativa de informática, a la hilera de anomalías ligadas a la justificación del uso del dinero público, los agentes sumaron más de otro tipo. En el apartado de los alumnos, dejan constancia en su informe de que varios de ellos «abandonaron» el curso «por ser demasiado básico y no aprender nada en él», así como de su queja por la «falta de material». Además, «al menos dos» de ellos –en teoría eran 15– no reconocieron «haber hecho el examen» de evaluación que la Policía les mostró cuando les tomó declaración y uno de ellos no identificó «ni siquiera su firma», por lo que estarían «falsificados». En cuanto a la asistencia, otra persona admitió «haber firmado una vez abandonado el curso por motivos de trabajo para conseguir el cómputo final», lo que habría sido admitido por los responsables de la actividad para poder contarlo «como apto» y que «no se viera mermada la cuantía económica percibida».

Pese a las supuestas irregularidades, el ex director en Huelva del SAE Eduardo Manuel Muñoz, investigado en este proceso judicial, expidió un certificado en septiembre de 2011 según el cual quedaba «acreditado» que la subvención se aplicó a «la finalidad» para la que se dio, por lo que se procedió «a la correspondiente liquidación» de la ayuda. De hecho, en el expediente se recoge la resolución por la que ésta se materializó, fechada el 29 de aquel septiembre, «minorando el importe pendiente de pago del 25% en 165,44 euros» que no se consideraron justificados. A juicio policial, lo que procedía no era esto, «sino más bien el reintegro de la práctica totalidad» del dinero ahora escudriñado.