La Junta «vende» el blindaje a los hipotecados sin inspectores para garantizarlo

El Consejo de Gobierno dio luz verde en su reunión de ayer al anteproyecto de ley para la protección de los derechos de los consumidores en la contratación de hipotecas que persigue «empoderar» a los ciudadanos para combatir los abusos en ese ámbito. La Junta carece de competencias en materia hipotecaria, pero sí las tiene en consumo con lo que, según explicó el vicepresidente Diego Valderas, se pretende regular el proceso comprendido entre la solicitud de información sobre el producto a la entidad bancaria hasta la suscripción de éste.

Con el texto legal, que no tendrá carácter retroactivo, los entes financieros tendrán que informar de manera minuciosa de los trámites pertinentes hasta la contratación del préstamo hipotecario, incluida la existencia de cláusulas como las denominadas «suelo» y «techo», así como la referencia al riesgo de perder la vivienda si se incumple lo firmado. Otra de las novedades de la futura normativa pasa por obligar a notarios y registradores de la propiedad a detectar la existencia de esas «cláusulas abusivas» y a advertir de ellas tanto a los usuarios como al correspondiente centro directivo del Ejecutivo regional para iniciar un expediente sancionador.

Si no lo hacen, «podrán ser denunciados», avisó Valderas. En ese sentido, el vicepresidente subrayó que el anteproyecto endurece las sanciones previstas en la ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. En concreto las catalogadas como muy graves pasan de la horquilla de los 30.001 euros a los 400.000, a la de 40.001 hasta poder alcanzar los 600.000.

El anteproyecto reconoce además como «sujeto protegido» a la persona que firme un aval para la concesión de la hipoteca, quien deberá manejar los mismos datos que el deudor principal, y amplía a como mínimo un mes el periodo de validez de la oferta vinculante entre el prestamista y el deudor.

Ésa es la teoría que ha hecho que «Andalucía vuelva a estar a la ofensiva con una ley pionera» que «complementa» la de la función social de la vivienda. Si bien, para hacerla realidad, la Administración autonómica no cuenta con el cuerpo de inspectores necesario para garantizar su cumplimiento. Así lo admitió el vicepresidente quien añadió que van «a pretender ampliarlo». «Sé, soy consciente –sumó– de que necesitamos más gente si queremos defender a los consumidores con total plenitud porque, si no, nos podemos quedar en las palabras y no en los hechos, en la letra sobre blanco, que está muy bien, pero la gente quiere resultados». De momento, habrá que esperar incluso para la aprobación de la ley en el Parlamento. Valderas confía en que no se prolongue «más allá del próximo 28 de febrero», Día de Andalucía. O sea, dentro de casi cinco meses. Y ello, pese a que apuntó que si ésta se hubiera ratificado en 2011 se hubiera «actuado» en 225.000 hipotecas.