«La Junta vuelve a mentir»

La reapertura de la mina de cobre, plomo y cinc de Aznalcóllar (Sevilla), anunciada desde la Junta en julio de 2013, se ha convertido en uno de los temas más delicados de la presente legislatura, hasta el punto de que la propia presidenta del Gobierno regional, Susana Díaz, ordenó el pasado mayo la paralización de la adjudicación a la agrupación ganadora del concurso internacional convocado en torno a la explotación del yacimiento: Grupo México-Minorbis. ¿La causa del mandato de Díaz? El juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla abrió una investigación sobre lo acaecido en ese proceso de concesión, tras una denuncia presentada por la empresa finalista Emerita Resources y de que la Policía detectara indicios de irregularidades graves.

Ahora, en concreto ayer, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que comanda José Sánchez Maldonado, hizo pública su intención de entregar a una tercera sociedad, en teoría participada por el dúo vencedor del concurso, Minera Los Frailes, los terrenos de la mina, sin esperar a la resolución judicial del proceso en curso. El departamento de Sánchez Maldonado dio por finalizado así el procedimiento de paralización cautelar de la adjudicación, al entender la Dirección General de Industria, Energía y Minas, «conforme a derecho» la no suspensión de la atribución de la mina, «previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y con el informe favorable del gabinete jurídico de la Junta», según apuntaron a través de una nota de prensa.

El Ejecutivo regional justifica su movimiento en «razones de interés general», resumidas en esencia en «promover la creación de empleo», uno de los objetivos prioritarios del Gobierno andaluz. Con ese fin, incluirá en el Registro Minero de la comunidad el otorgamiento del «permiso de investigación» y «la concesión de explotación de los recursos mineros incluidos en la denominada ‘Zona Aznalcóllar’ a nombre de la entidad aceptante –Minera Los Frailes–», y se iniciarán «los trámites pertinentes» para «la autorización de los trabajos de investigación recogidos en su oferta», y de la cesión de «la posesión de los terrenos e instalaciones» vinculados a la mencionada área.

Unos pasos que posibilitarán, según la Junta, que la empresa puede comenzar ya las «labores preparatorias» de la fase investigadora –se prevé una inversión de 7 millones de euros para toda esa campaña–, lo que «dará lugar a la contratación de unas 200 personas» y de «otras 1.100» más adelante, vinculadas a la puesta en marcha de la actividad minera.

Oficializada la noticia, el abogado que defiende los intereses de Emerita en los tribunales, Ramón Escudero, no dudó en manifestar a LA RAZÓN su opinión al respecto: «La Junta vuelve a mentir en relación a Aznalcóllar. Nunca se suspendió la adjudicación de la mina ni judicial ni administrativamente», aseveró tajante.

Para sostener su afirmación, el abogado explicó que a primeros del pasado septiembre «se presentó en el juzgado de Instrucción número 3 un escrito de agosto con la firma electrónica del secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, en el que se comunicaba que tras estudiar el expediente se había acordado la no suspensión». «Y existe también –suma– un informe del gabinete jurídico de la Junta en la misma línea», mencionado, de hecho, en el comunicado de la consejería de Maldonado.

Escudero cree que «iniciaron un expediente para no hacer prácticamente nada» y que el levantamiento de las instrucciones de Díaz responde a «querer lavar la cara de Magtel –filial cordobesa de Minorbis– después de algunas informaciones negativas que se han publicado en torno a ellas relacionadas con unos embargos que pesan sobre esa empresa».

Abriendo el cuadro, el abogado avisa de que la titular del juzgado instructor, Patricia Fernández, «aún puede acordar la suspensión de la adjudicación». Es más, adelante a este periódico que si no lo hace «motu propio», volverá a solicitarla «porque la mina es donde se ha cometido el delito y porque ya no existen los dos motivos por los que la jueza no accedió a nuestra petición».

Pese a que la Junta no ha esperado al final de la causa para actuar, Escudero insiste en que ésta no se ha cerrado. «No creo que Grupo México ni ninguna empresa –plantea– vaya a invertir dinero hasta que el lío se aclare judicialmente, después de haber un auto con siete personas presuntamente imputadas por prevaricación, al que se añade un recurso administrativo, también en trámite, para impugnar la adjudicación de la mina. Si se hace algo, se hará un paripé», remata.

A Ecologistas en Acción le preocupa «el juego de empresas existente en torno a Aznalcóllar, el que Minorbis actuara como ‘conseguidora’, se la adjudicaran a ella y al Grupo México y la firmara Minera Los Frailes». «Nos huele a arquitectura empresarial diseñada para eludir responsabilidades», dispara Isidoro Albarreal. Y ello, con los antecedentes rastreables en Google de Grupo México.