La Junta vuelve a negar a la diferenciada el concierto al que la Lomce da derecho

Las Delegaciones Territoriales de Educación comunicaron ayer a los doce centros de educación diferenciada por sexo la negativa provisional a la renovación del concierto para el curso 2014-15 al considerarlos colegios «segregadores», abriéndose ahora un plazo de diez días para el trámite de audiencia. En las comisiones de conciertos celebradas en los últimos días para dilucidar sobre las peticiones realizadas, los representantes de la Junta ya se habían pronunciado en contra de subvencionar con fondos públicos a estos colegios, que a pesar de la negativa cosechada el pasado ejercicio escolar habían vuelto a reclamarlo en base a la aplicación de la nueva Lomce. De hecho, en la comisión sevillana, de carácter consultivo, tanto sindicatos, como patronales y asociaciones de padres se mostraron a favor de conceder la subvención, pero al final volvió a primer la «imposición» de la Junta.

Los argumentos utilizados para denegar el concierto vuelven a ser la jurisprudencia establecida en distintas sentencias del Tribunal Supremo y el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución española, que rechaza cualquier tipo de discriminación por sexo, pese a que los colegios alegan que el Supremo establece esta enseñanza como legítima y no discriminatoria.

La portavoz de la plataforma «Mis padres deciden», Gemma García, recibió la noticia con «dolor», ya que la reforma «recoge que la elección del modelo de educación diferenciada no puede implicar para nosotros, para nuestros hijos y para los colegios que la imparten un trato menos favorable». Además, con la Lomce «se estaba garantizado la igualdad de los dos modelos». «Los padres de la educación diferenciada también abonamos impuestos», subraya García, que asegura no entender cómo desde la Junta, «que nos había manifestado en múltiples ocasiones que nos retiraban los conciertos porque una ley le obliga a ello, ahora incumpla esta ley orgánica».

La situación es «incomprensible» y «sólo podemos concluir que es un ataque puramente ideológico, pero tanto los centros como los padres continuaremos esta lucha por el derecho a decidir. La antigua consejera siempre decía que estaban obligados por ley, y ahora no lo hacen. La intención de los centros es agotar la vía administrativa antes de acudir de nuevo al TSJA.

Por otro lado, Carlos Ruiz, secretario general de la organización Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos católicos, ha advertido hoy de que el coste por año de un alumno en la concertada es la mitad de uno de la enseñanza pública.