«La Justicia hace más daño al negar a un niño el abuso sufrido»

«Uno de cada cinco». Bajo ese epígrafe la Unión Europea inició una campaña de prevención de los abusos sexuales a niños. Ese «uno de cada cinco» es la cifra de víctimas estimadas, aunque no todos los casos salen a la luz. De hecho, son muy pocos los que se detectan mientras ocurren o en un período relativamente corto después de que sucedan –entre un 15 y un 20%–. En Andalucía, cada año más de mil niños son atendidos en programas de la Junta –solo cinco comunidades en España disponen de manera gratuita y universal de este tipo de atención–. Y son miles más las víctimas cuyos casos se mantienen en silencio. «Siempre llegamos tarde, cuando el daño ya está hecho», lamenta Noemí Pereda, profesora de Psicología de la Universidad de Barcelona y experta en victimización infantil. Los causantes suelen ser mayoritariamente adultos de su familia –en el 55% de los casos–, «pero los estudios refieren que entre un 10 y un 20% de quienes cometen violencia sexual contra menores también son menores», asegura Celia Nevado, directora del programa de evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual en Andalucía de la Fundación Márgenes y Vínculos.

Como ha ocurrido en el caso de la violación múltiple de los San Fermines a una joven por parte de cinco sevillanos, los niños que sufren abusos sexuales también tienen que enfrentarse a la idea preconcebida de «víctima ideal». «El perfil social determina que quien ha padecido una agresión tiene que ofrecer la imagen de una víctima que llora», critica Pereda. «Muchas veces sufren amnesia frente a determinadas partes del suceso que les impide recordar, cuando es crónico, en qué momento empezaron los abusos o cuándo terminaron. Eso hace que su testimonio sea incoherente y poco creíble para alguien que no sepa cómo reacciona alguien que ha sufrido abusos», según esta experta. «Los niños callan porque piensan que nadie los va a creer, que van a decirles que han inventado lo que cuentan. Los adultos no se lo ponemos fácil y el sistema tampoco», insiste.

En su opinión, cuando las instituciones no actúan correctamente «el daño puede ser mayor que el que se produce con el abuso porque la Justicia está negando al niño lo que le ha ocurrido». Es lo que se conoce como «victimización secundaria». «Los jueces suelen aducir que no hay pruebas suficientes, pero quien conoce a una víctima de este tipo sabe que su relato suele ser inconexo e incompleto por el trastorno disociativo que desarrollan. Lo hacen para poder sobrellevar su sufrimiento y su vida», explica Pereda. Formar a jueces especializados en la infancia como perjudicados sería, para ella, un primer paso para acabar con esa victimización secundaria. El otro gran reto es extender la formación específica a todos los profesionales que desempeñan su labor con pequeños. «En el colegio están todos los niños maltratados. Pero no hay nada a nivel de enseñanza reglada para guiar a los docentes en la detección de posibles casos». Ni en Andalucía ni en el resto de España. Durante el XIII Foro de la Infancia sobre cómo combatir la violencia sexual, organizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en Sevilla, ponentes y asistentes coincidieron en la necesidad de prevenir. «Es fundamental la prevención y trabajar desde edades tempranas en la educación afectivo-sexual –explica Celia Nevado–. El objetivo es que tengan herramientas para verse como víctimas porque el indicador más específico es la revelación del niño».

La consejera, María José Sánchez Rubio, destacó la importancia de ofrecer «apoyo y tratamiento psicológico para que esto no marque definitivamente sus vidas. No puede ocurrir que haya adultos que todavía no hayan salido de la violencia sexual de su infancia». En ese objetivo trabaja Nevado. «Sabemos que el fenómeno es mucho más frecuente de lo que se cree. En vez afrontarlo y afrontar la sexualidad infantil sana nos sentimos incómodos y nos cuesta reaccionar», lamenta. El programa de la Junta también asiste a agresores de entre 10 y 17 años. «Estamos previniendo que pasen por el sistema de reforma judicial y que haya más víctimas en el futuro», mantiene Nevado, que defiende que el protocolo de actuación coordinado de la comunidad es un modelo para otras comunidades autónomas.

Pese a ello, un informe de Save the Children presentado en 2017 revela que «sólo un 15% de los colegios en los que el niño lo ha contado lo comunica a las autoridades». El estudio «Ojos que no quieren ver: los abusos sexuales a niños y niñas en España y los fallos del sistema» recoge que «de las 2.084 notificaciones de maltrato infantil realizadas en el Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil en Andalucía (Simia) en 2015, únicamente el 5,7% procedían de servicios educativos». De todas las denuncias, solo 50 fueron relativas a abusos sexuales. En este sentido, la organización solicitó un protocolo que obligue a los profesionales a notificar la revelación de un abuso por parte de un niño, sin necesidad de que exista una sospecha fundada sobre su veracidad.

El mismo informe avisa de que en torno al 70% de los casos que entran en el sistema judicial no llegan a juicio oral. ¿Sirve denunciar entonces? «Que la Justicia intervenga hace que ese adulto no lo vuelva a hacer a ese niño pero tampoco a otros. Estamos previniendo», defienden desde Márgenes y Vínculos. En este sentido, destacan la mejora en la atención a los afectados. «Hay menores que no pisan un juzgado. El informe pericial y la prueba preconstituida se hacen en nuestras instalaciones».

Nevado llama la atención sobre una última cuestión: «La apología de la violencia sexual contra menores no es delito en España, igual que sí lo son la apología del terrorismo o la xenofobia». «Que una persona una persona diga que no pasa nada por mantener relaciones sexuales con un niño debería estar penado», zanja.