La Ley de Juventud de Díaz «no se adecua a las expectativas creadas»

No presenta «elementos novedosos» que garanticen la adopción de medidas que el colectivo necesita de forma «imperiosa», según el CES

«Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud» escribió el humorista gráfico Joaquín Salvador, Quino. Mientras, a ese colectivo de la población andaluza la presidenta de la Junta, Susana Díaz, les prometió en septiembre de 2014 una ley que les iba a conducir a un futuro mejor. Más de tres años después, con esa norma ha sucedido como con otras: sigue sin aprobarse. Con los anuncios no alcanza para hacer cambios. Se ha repetido, como en otros casos también, un movimiento: la petición al Consejo Económico y Social (CES) de un dictamen sobre el anteproyecto legislativo. En esta ocasión la encargada de realizar la solicitud fue la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que encabeza María José Sánchez. El órgano interpelado ha cumplido su parte y ha elaborado un informe, aprobado en pleno el pasado 22 de diciembre, en el que otorga, en general, «una consideración positiva» al texto normativo en cuya confección han participado, según el Gobierno regional, «633 personas». Si bien, lamenta que «no se adecue a las expectativas creadas» de arranque, al «no presentar elementos novedosos que faciliten el diseño y la adopción de las medidas y acciones que la realidad del colectivo juvenil andaluz», especialmente «vulnerable» y «castigado» por la situación económica tras la crisis, «requiere de manera imperiosa».

«Se trata más bien», asevera el CES, de un compendio de instrumentos normativos ya existentes para conformar un solo marco» con rango de ley y «dotar así de unidad y homogeneidad a las distintas y diversas actuaciones» que el Ejecutivo autonómico ya despliega sobre esta temática.

Es, por otra parte, para el consejo, un texto «excesivamente largo y prolijo en algunos aspectos, más propio en determinados apartados de normas de rango inferior» al de una ley. Y no es «integrador», al no haberse logrado que «desde un posicionamiento global y equilibrado, abarque todos los aspectos que inciden en el desarrollo personal» de los jóvenes, «por mucho que la norma pretenda que ‘ninguna de sus parcelas quede desatendida, que todas y cada una de ellas cuenten con el mismo protagonismo’», se advierte en el dictamen consultado por LA RAZÓN. Algo que se evidencia en la ausencia de, por ejemplo, iniciativas destinadas a la «prevención de adicciones y drogodependencia». En relación a ese desequilibrio detectado en el documento normativo, el CES sostiene que «aparecen materias propias que precisan» de una mayor consideración, mientras otras «se solapan o pertenecen a otros ámbitos jurídicos», por lo que recomienda «realizar una revisión del texto que habría de coordinarse y armonizarse con otras disposiciones que regulan» puntos tratados en el anteproyecto para «evitar vacíos, reiteraciones, o eventuales incoherencias y, como consecuencia de ello, falta de claridad normativa y de seguridad jurídica». «Tal es el caso –se anota a modo de cita ilustrativa– de la futura Ley de Infancia y Adolescencia que actualmente se encuentra en trámite», o de «lo recogido en el capítulo sobre ‘voluntariado y cooperación’, que habría que ver su incidencia respecto al proyecto de Ley del Voluntariado de Andalucía», desliza.

De otro lado, entiende el Consejo Económico y Social, que habría que «dar mayor peso» a ámbitos «de gran relevancia» para la juventud, «como son el empleo de calidad o la iniciativa empresarial juvenil», puesto que, a juicio de este órgano, «sin la centralidad del trabajo, resulta complicado y poco realista hablar de acceso a una vivienda, emancipación y ciudadanía plena» con respecto a ese grupo poblacional –la tasa de paro soportada por los menores de 25 años fue del 45,97 por ciento en el tercer trimestre de 2017, según datos de la EPA–. En ese sentido, aboga por llevar a cabo ciertas mejoras concretas, que incluso propone, en lo recogido en el capítulo I del título III del esperado texto legal.

El CES pone el acento luego en que, al tratarse de una norma «de carácter transversal que afecta e incide sobre materias muy diversas como empleo, vivienda, educación, ocio, salud, tecnología y planificación de políticas públicas», entre otras, ésta «debe contar con la dotación necesaria de recursos económicos, materiales, infraestructuras y, por supuesto, con equipos de trabajo que hagan posible que las personas jóvenes en Andalucía» disfruten de «condiciones y oportunidades reales que posibiliten su pleno desarrollo» en todas esas áreas. Una circunstancia que, advierte, «no se ve reflejada en la memoria económica del anteproyecto de ley» revisado, puesto que, según se desprende de ésta, «su aprobación no va a suponer un incremento de gastos en el presupuesto de la Junta», dado que las actuaciones que se contemplan «ya se están desarrollando actualmente».

Hace otro apunte sobre la perspectiva de género, para avisar de que «es algo transversal que hay que tener en cuenta en toda la norma» y alude a la participación juvenil, para mantener que en el texto estudiado «no se deja claro cuál es el modelo que se pretende aplicar». Alude además, a que se desprende a lo largo de éste una «excesiva ‘tutorización’ por parte del Instituto Andaluz de la Juventud en la mayoría de los procesos relevantes de participación juvenil». Por ello, sería necesario «establecer cuáles son las competencias de los distintos consejos de juventud» existentes en la comunidad y «dotar de personalidad jurídica propia al Consejo de la Juventud de Andalucía, órgano con más de 30 años de vida» y de probada «trayectoria de independencia y funcionalidad propias». Por último, el CES llama la atención sobre «la excesiva remisión de la norma al desarrollo reglamentario posterior, sin que tan siquiera se señalen plazos para este proceso», lo que puede dar lugar a que «los principios y medidas que en la misma se propugnan queden vacíos de contenido, al alargar ‘sine die’» su ejecución, «restando eficacia a su plena aplicación», alerta. Hay trazos infalibles y otros no tanto a la hora de prefigurar nuevas leyes.