La opaca Defensoría del Pueblo, para custodiar la transparencia

Izquierda Unida está en contra de que se creen la Comisión Consultiva de Subvenciones y el Consejo de Transparencia. La función de estos dos órganos las podrían llevar a cabo la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, aseguró ayer el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro. IU planteará enmiendas dirigidas en esta línea durante el trámite en la Cámara autonómica de la Ley de Transparencia, que está previsto que se apruebe a lo largo de este periodo de sesiones, que acaba en junio. La norma no entrará en vigor hasta mediados de 2015.

IU centra su propuesta en un ahorro económico. «El Defensor del Pueblo es el que está llamado a ejercer las funciones de la autoridad pública independiente de control», deslizó Castro, según recoge Efe, lo que evitaría además un «sobrecoste añadido» por la creación de un ente que contará con un director designado por el Parlamento por mayoría absoluta.

Lo paradójico, sin embargo, es que el Defensor del Pueblo no es precisamente un ejemplo de transparencia. Es, de hecho, el órgano de extracción parlamentaria con mayor grado de opacidad. Tanto es así, que el Partido Popular ha barajado incluso pedir amparo al propio Defensor por la opacidad de su gestión de las resoluciones. A diferencia de lo que ocurre con otros órganos de un régimen estatutario similar como el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual o la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo no cuelga en la página web todas sus resoluciones, sino una selección. Además, la oposición ha tenido históricamente grandes dificultades para acceder a éstas, pese a que ha pedido insistentemente un envío periódico trimestral de las resoluciones que afectan a cada una de las consejerías.

Tampoco es público el número de trabajadores con los que cuenta la Defensoría del Pueblo. En los Presupuestos de los últimos años la casilla referente al número de empleados aparece vacía. Sí ha trascendido, y así lo confirmó en su día el ex Defensor del Pueblo José Chamizo, que contaba con 70 cargos a «dedo». Hay más signos de manifiesta opacidad. La declaración de bienes y patrimonio del Defensor del Pueblo no está disponible, pese a que los máximos responsables de órganos similares sí están obligados a entregarla. Tampoco se conocen las dietas y otros gastos del Defensor.

Para que la Cámara de Cuentas asuma la tarea de la Comisión Consultiva de Subvenciones es preciso que se modifique la ley que regula este órgano. El día 22 finaliza el plazo fijado por la presidenta andaluza para presentar la propuesta de modificación. El presidente de la Cámara de Cuentas se ha quejado en numerosas ocasiones de falta de personal.