La UE reclama 140 millones de ayuda ilegal para el anillo de Antequera

La Comisión Europea (CE) ordenó ayer a España recuperar 140 millones de ayuda estatal concedida al administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF para el centro de ensayos de alta velocidad en Málaga, al considerar que es «incompatible» con las normas comunitarias de competencia. «La Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda concedida por España a ADIF para la construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no corresponde a un auténtico objetivo de interés común», indicó la CE, añadiendo que, «en particular, no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región». La empresa aseguró ayer mismo que devolverá el dinero «en las próximas semanas».

El Ejecutivo comunitario indicó que ha realizado una «investigación pormenorizada» de los planes españoles de financiación de todos los costes de inversión del proyecto, por importe de 358,6 millones, para la construcción del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (Ceatf), cerca de Málaga. El Ceatf es un circuito ferroviario en el que los trenes pueden circular a muy alta velocidad (hasta los 520 kilómetros por hora), con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario y de elementos de infraestructura y superestructura, apuntó la CE. Según los planes notificados por España a la Comisión en septiembre de 2013, la financiación pública debía otorgarse a ADIF, que sería el propietario del Ceatf.

La investigación de la CE reveló que, «de hecho, España ya pagó a ADIF, a partir de 2011, 140,7 millones, antes de que la Comisión adoptara su decisión» sobre la concesión de las ayudas, con lo que «infringió las normas de la Unión Europea». Además, las pesquisas apuntaron a que el proyecto «no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales». «No parece existir ningún interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades, ya que no serían comercialmente viables», precisó.

La Comisión afirmó asimismo que «a falta de demanda de tales servicios específicos, el uso de las instalaciones del Ceatf se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 kilómetros por hora, para las que ya existen centros de ensayo en la UE». «Ya se realizan ensayos en redes ferroviarias comerciales. El Ceatf no haría sino duplicar esas infraestructuras existentes», dijo.

Por otra parte, la CE indicó que, a pesar de la financiación pública otorgada, «ningún inversor privado manifestó su interés por participar», y recalcó además que «se esperaba que el Ceatf generase pérdidas durante todo su período de funcionamiento». Considera que el proyecto «solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales en el sector de la construcción durante la construcción de la infraestructura». En su opinión, el coste público «habría sido desproporcionadamente alto» y España «no consiguió demostrar» que las ventajas del proyecto compensaran los costes de construcción y las pérdidas de explotación. Así pues, «la financiación pública crearía un falseamiento de la competencia, al subvencionar a un nuevo participante en el mercado».