Las obras del parque comercial de Motril arrancan «sin licencia»

Ecologistas en Acción avisa de que «se trabaja ya» en los terrenos, pese a que el cambio de suelo a urbanizable está en los tribunales

Por mucho que se intente, los recursos contenciosos-administrativos no se hacen transparentes hasta desaparecer. Ecologistas en Acción ha presentado dos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra las Órdenes con las que se aprobaron y publicaron una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Motril (Granada) ligada a la reprogramación de espacios edificables y un cambio de clasificación de suelo no urbanizable de protección agrícola, para cultivo tradicional, a terreno a poblar de cemento. La estimación de cualquiera de ellos por parte del Alto Tribunal autonómico implicaría la anulación de cualquier licencia de obra solicitada para levantar algo en la zona. Pero es que a aquéllos se sumó otro proceso judicial iniciado por un comerciante de la localidad granadina.

Y hay más. En el periodo de información pública que se abrió a raíz de que la entidad Inmobiliaria Godoy y Durán SL pidiera un permiso de obras para erigir una «gran superficie minorista» en las parcelas en el punto de mira, tanto Ecologistas en Acción como la Asociación Mediterránea AntiCorrupción y por la Transparencia (AMAyT) presentaron alegaciones a lo que consideraban un «pelotazo urbanístico» y reclamaron como medida provisional la suspensión del trámite de licencia. El Ayuntamiento incoó, de hecho, un incidente de medidas provisionales y dio un plazo de diez días al promotor para que pudiera, a su vez, replicar.

Por eso la organización conservacionista no entiende como, pese a todo ello, a que «no hay todavía autorización de obras oficial para hacer nada», haya entrado ya «maquinaria pesada en los terrenos» y «se esté trabajando sin licencia» en el futuro parque comercial, según confirmó ayer a LA RAZÓN Javier Egea, el coordinador de Ecologistas en Granada. Sólo existe, según fuentes de esa entidad «verde», un «permiso para tareas de limpieza o desbroce y para poder realizar actuaciones de control arqueológico que les concedió Cultura, pero no para lo que están haciendo», advierten.