Los abogados de la Junta trabajan con un archivo «inconexo» y «obsoleto»

sevilla- El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía suma cada año 30.000 nuevos asuntos. A ellos añade los que arrastra de otras anualidades. Toda esa documentación debe quedar registrada y ser de fácil acceso. Y más en procesos que se alargan en el tiempo debido a la dilación de la mayoría de los asuntos judiciales o de la actualización de la normativa legal para temas de asesoramiento, otra de sus funciones. Sin embargo, la realidad es otra: «Tal volumen de información carece en la actualidad de un tratamiento automatizado adecuado».

Esta conclusión figura entre los motivos esgrimidos para contratar un «sistema de información para la gestión integral del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía». Una licitación impulsada por la Administración andaluza y que supondrá un desembolso máximo estimado de 198.000 euros (IVA excluido) para dotar en un plazo de tres meses al cuerpo de letrados de un sistema adecuado a sus pretensiones.

Según se detalla en ese texto, en la actualidad existen «múltiples sistemas de información que intentan cubrir, con mayor acierto en unos casos y menor en otros, áreas muy concretas de esta gestión pero de una forma totalmente inconexa y sin visión de conjunto, lo cual es ya de por sí una disfunción importante». La situación se agrava en el trabajo cotidiano porque «además de esta dispersión, en la mayoría de los casos, estos sistemas están obsoletos tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional, lo que hace que estas disfunciones sean mayores».

El Gabinete Jurídico –cuyo trabajo en los últimos meses ha cobrado mayor protagonismo por las peticiones de los jueces instructores de los casos Invercaria y ERE– reclama «para el buen funcionamiento de este centro directivo, contar con un sistema de información integral, unificado y centralizado para la gestión de todos los expedientes propios del mismo, incluyendo todas las ubicaciones físicas».

La petición ha sido atendida por el Servicio de Informática de la Consejería de Presidencia e Igualdad que, a su vez, ha convocado un concurso para recibir propuestas de empresas.

Entre otros objetivos que se marca está «cumplir con los deberes y plazos impuestos por la normativa vigente y la jurisdicción competente en el ámbito de la actuación del Gabinete Jurídico de la Junta». También persigue «permitir gestionar eficientemente los procedimientos a realizar», «corregir las numerosas disfunciones que se producen actualmente» y «garantizar la seguridad y calidad de los datos así como la conservación de la documentación». Parece evidente, por tanto, que las condiciones en las que ha desarrollado su labor este centro directivo en los últimos años no han sido las más adecuadas.

Los letrados de la Junta están presentes en todas las consejerías, agencias y organismo autónomos, así como en las delegaciones provinciales.

Las claves de la solicitud

COMO UNA DIRECCIÓN GENERAL. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía tiene nivel orgánico de Dirección General.

ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN. Se encarga de la defensa en juicio de la Administración de la Junta y del Consejo Consultivo, así como el asesoramiento en Derecho del Consejo de Gobierno.

30.000 ASUNTOS ANUALES. La amplitud de funciones ocasiona que todos los años se sumen alrededor de 30.000 casos, algunos de ellos con varias incidencias. Hay que añadir también los que se arrastran de otros años.

150 PUESTOS. La aplicación que demandan –con sus correspondientes licencias– debería servir para «al menos» 150 usuarios repartidos entre todas las dependencias del órgano directivo.

EMPRESA EXTERNA. Será la encargada de la elaboración del sistema de información para los servicios centrales, provinciales, las asesorías jurídicas de las consejerías y agencias administrativas, las dependencias en órganos judiciales que tiene el Gabinete Jurídico y para la oficina de la Junta en Madrid.

Actividad permanente

Pulso vivo con la juez de los ERE

El caso más mediático en el que está involucrado el Gabinete Jurídico de la Junta es el de los ERE, con algún enfrentamiento con la juez Mercedes Alaya –como el de las actas del Consejo de Gobierno–, o el reciente recurso al auto por el que la instructora imputó a 20 cargos y ex cargos de la Administración autonómica, entre otros la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.