Los monitores de comedor: 10 euros la hora licitada y 5 en la nómina final

Ríen por no llorar, porque llevan casi una década sufriendo una precariedad laboral propiciada por la propia Junta, que licita contratos por cantidades insuficientes como para cumplir los convenios del sector y luego se lava las manos.

A los monitores de los comedores escolares, como a los que prestan el servicio de apoyo a los menores con necesidades especiales, les entró la risa cuando la semana pasada leyeron a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, decir que la Administración autónoma aplicará «cláusulas sociales» en los servicios que contrata para «proteger los derechos laborales de quienes trabajan» en esas empresas. Ríen por no llorar, porque llevan casi una década sufriendo una precariedad laboral propiciada por la propia Junta, que licita contratos por cantidades insuficientes como para cumplir los convenios del sector y luego se lava las manos.

Ayer mismo, la Consejería de Educación sacaba a licitación el contrato del servicio auxiliar de comedor escolar para 15 colegios de Huelva por un importe de 95.460,75 euros, cantidad que es el resultado de multiplicar el precio de la hora de trabajo de cada monitor por las 77 horas diarias estimadas que se han de cubrir durante los 125 días lectivos comprendidos en el plazo de ejecución del contrato. La Delegación territorial se encarga de explicar que el precio de la hora de trabajo de un monitor es de 9,918 euros, determinado en función de los contratos similares existentes en el mercado y la evolución de los precios del sector. La media de la jornada laboral de un monitor de comedor son dos horas al día. Se podría interpretar, por tanto, que la Junta paga 19,83 euros a un personal que tiene que «atender y custodiar al alumnado durante las comidas», «resolver incidencias», «prestar atención a la labor educativa del comedor», «controlar el acceso» y «cualquier otra función encomendada por la dirección del centro». Pero nada más lejos de la realidad. Estos casi 390 euros mensuales se quedan en la práctica en apenas 200 euros, que en muchos casos sirven para completar la jornada de unos monitores de educación especial contratados por la Agencia Pública Andaluza de Educación, que superan por poco los 600 euros.

Hay explicación y también responsable. Sólo hay que repasar los pliegos de cláusulas administrativas que impone la Junta a las empresas. El «criterio único de adjudicación» es «el precio más bajo». Un dato que se repite en los contratos del servicio en toda la comunidad. La competencia entre las empresas es elevada, llegando a presentarse hasta cinco y seis oferta por lote. Los 95.460,70 euros se quedan en bastantes menos, pero hay más.

La consejería incluye una serie de obligaciones laborales, sociales y económicas común en todos los contratos: primero, la Administración se lava la manos y advierte de que «el personal adscrito dependerá exclusivamente del contratista» –no hay cesión ilegal de trabajadores–; segundo, toda la gestión burocrática y coordinación corre a cargo de las empresas; tercero, la adjudicataria ha de suscribir un seguro obligatorio que cubra las responsabilidades del servicio; cuarto, ha de costear los uniformes del personal; y quinto, formar al personal en materia de prevención de riesgos laborales, primeros auxilios y seguridad; y sexto, entre otras exigencias, gestionar bajas y suplirlas con el mismo presupuesto. A todo esto, además, habría que sumar los beneficios del empresario, que no ofrece su sociedad por amor al arte. El enfoque economicista de la Junta obliga a las empresas a ofertar a la baja, aún sabiendo que no pueden asumir el coste del servicio y quienes lo pagan son los trabajadores, que apenas ven 5 euros por hora de los 10 licitados.

Ante ésta situación, centenares de trabajadores se manifestaron ayer en Sevilla ante el Palacio de San Telmo, convocados por CC OO, contra la «bajada de calidad del servicio y del empleo» provocada por la política de conciertos de la Junta. «La mercantilización está generando graves problemas, no sólo en la calidad de la alimentación que reciben 50.000 niños sevillanos, sino graves problemas en sus plantillas», afirman fuentes del sindicato.

La consejera dice que sí protegen al trabajador

El coste del servicio es lo primero para la Junta, que ignora cuestiones básicas como que las empresas «cumplan el marco legal de contratación, que se respete la subrogación de trabajadores, que se efectúen todos los llamamientos de fijos-discontinuos, que se apliquen los convenios o que se respeten las jornadas y no se reduzcan, como se está haciendo pese a que son de apenas dos horas», como exigían ayer los trabajadores. Ante estas reivindicaciones, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, vive ajena. No hay más que leer sus declaraciones de ayer, indicando que no sabe en qué punto se ha creado esta polémica, porque los puestos subrogados se mantienen y «desde la Junta nos ocuparemos de mejorar las condiciones del trabajador y mantendremos las mejores condiciones dentro de los convenios específicos». De la Calle echó balones fuera, culpando al Gobierno Central y sobre los menús de los comedores, en particular, dijo que son revisados por Salud y que hay un procedimiento especial sobre productos ecológicos.