Los monitores escolares y la vía judicial como salida

El sistema educativo andaluz viene siendo parcheado desde hace años por la Junta. En unos casos la consejería recurre a la externalización, que es lo que ocurre con los comedores escolares o los técnicos de integración, y en otros contrata directamente, como sucede con los monitores administrativos escolares, pero en ambos casos coincide la precariedad del empleo. Miembros de este último colectivo, compuesto por 497 trabajadores –mujeres en un 90%– en todos los centros andaluces, se manifestaron a las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla, para reclamar una vía de diálogo con el Gobierno de Susana Díaz.

La principal demanda es acabar con la discontinuidad actual. Los monitores son contratados el 1 de septiembre y cesados el 30 de junio, con jornadas de 8, 12 o 20 horas semanales. Sus sueldos no alcanzan el salario mínimo interprofesional, aunque sus funciones resultan fundamentales para la gestión administrativa de los colegios. «Este colectivo protesta porque sus condiciones laborales distan mucho de ser dignas e igualitarias, más bien lo contrario. Las monitoras tienen una relación laboral discontinua y a tiempo parcial con la Junta de Andalucía», señaló Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, que recordó situaciones similares de otros colectivos han obtenido el respaldo de los tribunales –las sentencias por cesión ilegal de trabajadores son habituales–. La organización sindical, de hecho, está dispuesta a denunciar el «fraude por la discontinuidad en el que se está incurriendo». Es más, Molina advirtió que si no se inicia un proceso negociador tras la movilización de ayer, se convocará una huelga coincidiendo con el inicio del curso y el sindicato «acudirá a las autoridades laborales y a la vía judicial».

Para Antonio Maíllo, que ayer acudió a la concentración en señal de apoyo, «hablamos de pobreza laboral y de una responsabilidad máxima de la Junta», la misma que «se gasta el dinero en decir lo feminista e igualitaria que es y la garantía de empleo que da».

El «feminismo» de Susana Díaz

El coordinador general de IU recordó que PP, Cs y PSOE se opusieron a la proposición de ley del 5% del PIB como mínimo de inversión en Educación, lo que habría supuesto 1.552 millones más de presupuesto. IU ha solicitado la comparecencia de la consejera Sonia Gaya, quien por otra parte comparecerá a petición propia para analizar los resultados del cuestionario «Repensar la Primaria».