Medio millón más de andaluces en riesgo de exclusión tras una década de crisis

A las puertas de la campaña electoral, cuando los partidos ya preparan un aluvión de propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) dibujó ayer un panorama desolador en la comunidad autónoma, con más de 3 millones de personas llamando a las puertas de la pobreza. Así lo recoge el informe anual que elabora la entidad y que deja al descubierto el fracaso de las políticas sociales en la región, lastrada por el desempleo, las dificultades en el acceso a la vivienda y la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas de alimentación y vestimenta en sectores de población cada vez más amplios.

Los datos son demoledores. Tras una década de crisis hay medio millón más de andaluces en riesgo de pobreza, una cifra que pone en duda la supuesta recuperación económica. En relación al año pasado, la tasa de personas con necesidades fue del 37,3 por ciento. La cifra es ligeramente inferior a la de 2016, cuando se situó en el 41,7 por ciento. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, ya que, según el presidente de EAPN-A, Juan Reyes, «esto no soluciona la situación de tanta gente que está en la exclusión social».

El registro andaluz es diez puntos superior a la media estatal, convirtiéndose la región en la tercera de España con la tasa más alta tras Extremadura y Canarias. El informe destaca otros indicadores que dan buena muestra del progresivo deterioro de las condiciones de vida: el 47,9 por ciento de la población –la cifra más alta de España– no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año y el 49,1 por ciento no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos en el hogar. En cuanto a la tasa de pobreza severa –personas con rentas inferiores al 30 por ciento de la media–, se sitúa en el 9,2 por ciento, el tercer porcentaje más abultado de todas las regiones españolas.

El empleo se convierte en la principal receta para intentar reducir estos datos. Y si es precario, las necesidades afloran a más velocidad. Andalucía es, junto a Extremadura, la comunidad autónoma con los salarios más bajos, con una remuneración media de 14.868 euros al año, frente a los 18.835 euros de media en España. El dato es un 21,1 por ciento inferior. Tres de cada diez trabajadores andaluces no superan los 327 euros al mes, lo que indica el empobrecimiento grave pese a tener una nómina. Asimismo, como ha ocurrido en otros periodos posteriores a una crisis, el empleo temporal ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento. En concreto, lleva desde el tercer trimestre de 2014 registrando tasas anuales de variación mejores que el indefinido, que apenas representa un 5 por ciento de las nuevas contrataciones. De esta forma, la generación de empleo en los últimos años ha venido acompañada de un notable incremento en la tasa de temporalidad, situándose por encima del 35 por ciento a cierre de 2017, 9 puntos más que la media nacional y más de 20 respecto a la tasa media en la UE.

El documento alerta además del aumento de los contratos de una duración muy reducida. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal para Andalucía, en 2010 los contratos de menos de una semana representaban el 13,6 por ciento del conjunto, mientras que en 2017 supusieron el 20,4 por ciento. En definitiva, uno de cada cinco contrataciones tuvieron una duración menor de siete días.

Los jóvenes constituyen un colectivo especialmente castigado en el plano laboral. La tasa de paro juvenil se situó el año pasado en el 49,1 por ciento, una de las más altas de las regiones de la UE y a bastante distancia respecto a la media estatal: 38,6 por ciento.

Otro colectivo vulnerable es el de la tercera edad, que en muchas ocasiones tiene que salir al auxilio de los hijos y nietos que se encuentran desempleados. Aquí la situación tampoco es especialmente boyante. Un 32,9 por ciento de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza, cifra que sube al 46,1 por ciento cuando nos referimos a las de viudedad.

En cuanto a la vivienda, Andalucía se sitúa como la primera comunidad en ejecuciones hipotecarias –7.002 durante 2017– y en desahucios por impago de las mismas –5.150–. Un fenómeno novedoso que se está produciendo es la imposibilidad de pagar el alquiler por la subida de precios a causa de la proliferación de alojamientos turísticos en las ciudades. De hecho, el año pasado se produjeron 4.713 desahucios por alquileres, aumentando la cifra un 8 por ciento respecto al año anterior. La pobreza energética, además, sigue aumentando: un 8,4 por ciento de la población no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada y un 16 apenas consume energía para evitar el gasto que supone.

La vocal de EAPN-A Susana González puso el acento en la brecha salarial entre hombres y mujeres. De hecho, las mujeres cobran de media 3.853 euros menos al año que los hombres, una diferencia de un 30 por ciento. El 43,88 por ciento tiene jornadas parciales. «No hacen falta gestos, sino ganas de revertir esta situación», remarcó González, quien advirtió también del repunte de casos de violencia de género.