Ni al juzgado ni a los diputados

La Junta de Andalucía no comete agravios con los expedientes de los cursos de formación reclamados al mismo tiempo por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y por la comisión de investigación constituida en el Parlamento. Ha decidido que no se los envía a ninguno, circunstancia que ayer motivó que el vicesecretario de Coordinación política del PP-A, Toni Martín, lamentara la «actitud obstruccionista» del Ejecutivo andaluz.

La denuncia del PP está sustentada en dos escritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se insta al juzgado que dirige la jueza María Núñez a que reclame la documentación solicitada, en algún caso, hace ya casi un año y medio.

En uno de los escritos, fechado el 1 de abril, los agentes recuerdan que el 20 de enero de 2015, el juzgado emitió un mandamiento en el que se requería a la Dirección General de Formación para que «...en relación a los expedientes de subvenciones revisados o en proceso de revisión, informen a este juzgado en relación a ciertos expedientes que paulatinamente se indicarán, sobre la adecuada concesión de la subvención a juicio de dicha dirección general, sobre los controles a partir de la asignación de la acción formativa y la publicación de la Resolución y sobre la justificación una vez finalizada la acción formativa».

La realidad, señala la Guardia Civil en su informe, es muy distinta porque «la información requerida, cuyo contenido en el mandamiento judicial de fecha 4 de marzo de 2015, aún no ha sido puesta a disposición judicial».

Hace, por tanto, más de un año que los agentes esperan documentación que la Junta debe tener en su poder. En muchos casos es la misma que han solicitado los distintos grupos políticos con representación parlamentaria para preparar las comparecencias en la comisión de investigación. Entre los expedientes que la Consejería de Empleo envió el pasado viernes al Parlamento faltaban muchos porque la Junta argumentó que se encontraban en poder de la UCO. A tenor de unos y otros, la documentación sobre las subvenciones investigadas sigue en manos de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

«El Gobierno de Díaz alega en el Parlamento que la información la tiene la UCO, pero tampoco ha llegado a los investigadores», se quejó el vicesecretario de Comunicación del PP.

Los investigadores del Instituto Armado aprovechan el informe remitido al juzgado para solicitar nuevos papeles. Así, piden el expediente correspondiente a la realización de cursos de piloto de helicópteros por parte de la sociedad Fumigación Aérea Andaluza (Faasa Aviación). Se trata de una acción formativa que ya analizó la Cámara de Cuentas en su «fiscalización de subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004. En ese trabajo, los auditores del ente público alertaron de que «en el expediente 14/2009/J/333, para el curso ‘iniciación de piloto comercial de helicóptero’, se concedió en 2009 una ayuda de 275.440,48 €, lo que supone 38,79/hora/alumno, siendo el módulo máximo previsto en la normativa, en el mejor de los casos, de 19,5/hora/alumno». La Cámara de Cuentas recordaba que Faasa «ha recibido ayudas para dicho curso durante el periodo 2006-2009 por importe total de 1.096.321,44. La desviación de la ayuda recibida se estima en 524.971,44 euros».

No es la única petición nueva de los agentes. También reclaman varios expedientes de subvenciones otorgadas a las consorcios de formación. En concreto, a Ciomijas, Formades, CTI y Forman.

Igualmente, la UCO reclama un mandamiento judicial para que la Junta aporte «los expedientes de subvenciones concedidas al entramado de empresas de Ángel Ojeda en el marco del Plan de rehabilitación de la Bahía de Cádiz, Delphi».

También llama la atención otro asunto. La Guardia Civil reclama «copia digitalizada» de los expedientes –tanto los que se han examinado por parte de la Dirección General de Formación como de las nuevas peticiones–. Se trata del mismo problema del que se han quejado los diputados en la comisión de investigación, ya que la Junta ha remitido los expedientes físicos y no en formato digital, lo que dificulta el trabajo de análisis de los mismos.

El segundo de los escritos que exhibió ayer el PP es de fecha 26 de marzo. En él, tal y como informó este periódico, los responsables de la UCO hacen constar que aún no han recibido una serie de peticiones sobre la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) que se remontan a julio de 2015.

Para Martín, estas solicitudes demuestran que «la Junta se niega a entregar a la Justicia la documentación que le pide, al menos, desde enero de 2015».