Noventa mil personas pierden su derecho a una vivienda protegida tras tres años esperando

Solo se han dado 8.200 pisos desde que funcionan los registros de demandantes de VPO, con más de 200.000 solicitudes

El mercado de vivienda protegida sigue prácticamente parado. Hace cinco años se «vendió» la creación de los registros de demandantes como la panacea para articular las políticas que permitirían acceder a un piso a las familias con menos recursos. El tiempo ha convertido esa herramienta en un mero listado sin apenas incidencia. Los números evidencian que es una necesidad que sigue sin cubrirse: los ayuntamientos han recibido más de doscientas mil solicitudes, según consta en la última actualización de mayo. La débil respuesta de las administraciones queda en evidencia con el balance de 8.200 pisos protegidos entregados en ese período.

La Junta está precisamente ultimando el decreto que modificará algunos puntos del reglamento actual. En 2102 se aprobó la norma para que los registros proporcionaran información sobre las necesidades de vivienda existentes en cada municipio, y partiendo de ella elaborar sus planes municipales. Debían servir además como mecanismo de selección para la adjudicación de esas viviendas, que hasta entonces se hacían por sorteo y no tenían en cuenta la antigüedad de los solicitantes.

La escasa actividad de promociones de VPO ha dilatado las esperas hasta el punto de que noventa mil personas han perdido su derecho a optar a una, después de cumplirse tres años desde que se inscribieron. La lista de espera se desinfla así a 67.000 personas. Cada tres años, quienes quieran seguir optando a un piso protegido deben renovar su solicitud para no perder su puesto. El escaso movimiento ha provocado que la euforia de inscritos inicial se detenga, pese a que la mayoría –el 65%, unos 107.000– ni siquiera cobran los 537 euros mensuales por cada miembro de la familia que fija el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Sevilla y Cádiz son las provincias con la demanda más alta.

La fotografía revela que hay un elevado número de familias vulnerables engrosando las listas. Las monoparentales, compuestas por un solo progenitor y uno o varios hijos, son las más presentes –un diez por ciento (16.600)–; seguidas de las que tienen alguna discapacidad (14.200); las familias numerosas (otras 7.400) y unas dos mil con necesidad de una vivienda adaptada.

Frente al enquilosamiento de la vivienda protegida, el mercado libre no ha cesado de crecer. Andalucía cerró el año pasado vendiendo 96.497 viviendas, según un informe de BBVA. Una de cada tres estaba ubicada en Málaga, lo que hace pensar que se trata de segundas residencias y compras por extranjeros en la Costa del Sol.