Núñez cita a los ex consejeros Ojeda y Fernández por el fraude en los cursos

A cada poco se materializan nuevas citaciones judiciales en la comunidad motivadas por los distintos procesos abiertos en torno a los cursos de formación financiados con cargo a la Junta. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha llamado ahora a declarar a un grupo de veinte personas entre el 20 de abril y el 17 de mayo en la «macrocausa» que coordina sobre esa materia, según informaron ayer fuentes de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Lo ha hecho bajo el paraguas de la pieza en la que se investigan las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas al entramado empresarial del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, uno de los convocados, en concreto el 20 de abril. Según consta en el sumario, éste habría recibido por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación entre 2009 y 2010. Y no es el único ex consejero del Gobierno autonómico investigado en estas diligencias cuya presencia ha requerido la jueza. La hilera de nombres incluye el del ex titular de Empleo, Antonio Fernández, quien en su caso deberá acudir a las dependencias judiciales el 10 de mayo.

El paso dado por Núñez Bolaños llega después de la escisión de la «macrocausa» en nueve bloques, uno de ellos el centrado en Ojeda, y después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara, como recordaron desde el Alto Tribunal andaluz. Si bien, la instructora ha insertado entre los citados a alguien cuya presencia no había demandado el Ministerio Público: al hijo de Ojeda, Marcos Ojeda, a quien, según el calendario fijado por Núñez Bolaños, le correspondería visitar el juzgado días después que a su progenitor, el 3 de mayo.

La magistrada ya ha declarado como causas de especial complejidad a seis de las nueve piezas en las que, por el momento, ha desmembrado el «macroproceso» de los cursos de formación y, según apuntaron fuentes judiciales a este periódico, el resto podría seguir el mismo camino, para aumentar los distintos plazos de investigación hasta los 18 meses.