Núñez deja sin efecto un auto de Alaya y coge las riendas de la «macrocausa» de formación

Una de las certezas que presidió la toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno andaluz de ayer fue que no sería cimbreada por un auto con nuevas imputaciones de la jueza Mercedes Alaya –en el acto de 2013 corrió como la pólvora entre los móviles la del ex presidente andaluz José Antonio Griñán y otros ex miembros del Ejecutivo regional–, pero sí hubo noticia del que era su juzgado: el de Instrucción número 6 de Sevilla. María Ángeles Núñez, la nueva titular del mismo, continente de «macrocausas» como la de los ERE, los cursos de formación o los avales de la agencia IDEA, movió ficha en relación a la segunda.

La magistrada desactivó un auto de su antecesora con una escueta pero significativa providencia fechada el 17 de junio, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. La instructora acuerda dejar «sin efecto» un auto de su antecesora del pasado lunes, 15 de junio, en el que solicitaba a la Junta información sobre la red de empresas y entes vinculadas al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, en el ámbito del proceso judicial en el que se investiga el presunto «fraude en los cursos de formación». Alaya mantiene, entre otras cuestiones en torno a Ojeda, que éste fue el beneficiario de más de 33 millones en ayudas públicas del Gobierno autonómico en un año y medio, y un global de en torno a 50, gracias a ese entramado de entidades suceptibles de recibir subvenciones por actividades formativas.

Pero no queda ahí la providencia de Núñez, pese a su brevedad. Tras anular la resolución de Alaya, pide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un destilado de la situación general en la que se encuentra la extensa causa. ¿Cómo? Acordando librar oficio a los investigadores «a fin de» que sean ellos y no la Junta los que hagan llegar al juzgado un «informe sobre el estado en el que se hallan las diferentes líneas de investigación marcadas en el atestado 297/14 –el ligado a Ojeda, pero no sólo a él–». A ello suma la solicitud de un «cronograma de los diferentes informes», para poder ponerse al día de lo actuado bajo los criterios instructores de Alaya.

Núñez quiere tener información no sólo del entramado empresarial del ex consejero de Hacienda, sino también de otros actores implicados en la «macrocausa» como los sindicatos, entes de la Administración autonómica como la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los consorcios escuela de la Junta u otros empresarios encausados.

Fuentes judiciales consideran «normal» el paso dado por la magistrada, dado que «ya es la titular –Alaya cesó el pasado martes–, la jueza natural predeterminada por la ley, y ha comenzado a tomar decisiones». Admiten que todo parece indicar que Núñez quiere coger las riendas del proceso de formación, pese a que su predecesora se ha marchado mostrando su interés por continuar instruyendo ese caso, el de los ERE y los avales. «No va a seguir ni con el de los cursos ni con el de las ayudas de IDEA, y ya veremos el papel que tiene en el de los ERE», vaticinan distintas fuentes.

La aludida, Alaya, tendrá que jurar o prometer la plaza que ganó en la Audiencia de Sevilla, al cobijo de los derechos de un ascenso que pidió «motu propio» y con la vista puesta en ese reparto de tareas que tiene que proponer Núñez al Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Su sucesora, por su parte, continuará marcando el paso. Tendrá que responder, por ejemplo, a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de despiezar el proceso de los ERE para hacerlo más manejable y evitar prescripciones de delitos. Una demanda que el Ministerio Público ha formulado seis veces en los últimos cuatro años y a la que Alaya se ha negado de forma sistemática. La Fiscalía insiste, tras las recomendaciones en el mismo sentido del TSJA, el Tribunal Supremo (TS) o la Fiscalía de éste.

En un escrito fechado el 18 de junio vuelve a plantear la división del caso en un bloque relativo a lo que se ha denominado procedimiento específico de concesión de ayudas, la fórmula empleada por el Gobierno andaluz para repartirlas, otra que afecte a las sobrecomisiones pagadas en los expedientes, y distintas unidades por cada ayuda sociolaboral o directa otorgada a las empresas. El último bloque podría suponer, según reconocen desde Anticorrupción, que se llegaran a desgajar unas 200 piezas independientes.

Si se acepta su demanda, que el Ministerio Público afirma formular por una cuestión de «economía procesal», entre otras razones, éste estaría dispuesto a retirar el recurso de apelación que presentó ante la Audiencia de Sevilla por la negativa reiterada de Alaya al desmembramiento. Esta vez hay una novedad: la receptora del requerimiento de los fiscales no será aquélla, quien siempre ha considerado el «caso ERE» inescindible, sino Núñez. Si difiere de la anterior instructora, supondrá un punto de inflexión en la gestión del proceso. De momento, ha aplazado a los días 6 y 7 de julio la ratificación del informe de la Dirección General de Seguros que cifró en 66 millones las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones.