Ojeda pide al juzgado que se anule como prueba el informe sobre Delphi

Afirma que se obtuvo de forma «ilícita» y advierte a Núñez de que adolece de «errores garrafales»,«datos inexactos» y «falta de rigor».

El ex titular de Hacienda del Gobierno andaluz Ángel Ojeda no quiere que el informe que un inspector del Ministerio de Empleo elaboró en 2014 centrado en la multinacional Delphi se use como prueba en la investigación del presunto fraude en torno a los cursos de formación subvencionados por la Junta e impartidos por su entramado societario, al haber sido «obtenida extra-muros del proceso» judicial, esto es, «de manera ilícita».

La defensa del ex consejero argumenta su petición en un profuso escrito de casi 30 páginas, que ha elevado al juzgado que instruye el caso, el número 6 de Sevilla que dirige María Núñez Bolaños, en el que enumera los «errores garrafales» en los que, a su juicio, se incurre en el mencionado documento ratificado en sede judicial y, según el cual, hubo irregularidades que se debieron a los «compromisos políticos» del Ejecutivo autonómico.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Ojeda advierte a la magistrada además de que el texto del inspector está plagado de «datos inexactos», otros que no se han «tenido en cuenta» u omisiones «palmarias, y adolece de «falta de rigor» y de un análisis de «la verdadera documentación que constituía la justificación del gasto» de las entidades del ex consejero. Unas circunstancias por las que éste entiende que «no podrá ser tenido en cuenta en la instrucción como elemento de cargo» en el marco de la pieza separada abierta por el juzgado en torno a las millonarias ayudas que recibieron sus empresas. De lo contrario, podrían vulnerarse «derechos fundamentales». Es más, su representación procesal sostiene que será asimismo nula «cualquier otra prueba, acto de instrucción o conclusión» que se haya alcanzado a partir de un informe que «no ofrece la menor garantía sobre la integridad de la documentación analizada». ¿Por qué motivo no lo hace? Dado que, según argumenta la defensa de Ojeda, no se puede aseverar que el inspector «analizara la total cuenta justificativa presentada» por cinco de las asociaciones de su cliente a la Junta y porque, en todo caso, no era función de aquél «determinar» si las subvenciones estaban «bien o mal justificadas», al no ser ésa «su competencia ni especialidad ni función», tal y como habría quedado acreditado en su declaración judicial. En ella «se vino a constatar», para el letrado del ex alto cargo, «el desconocimiento alarmante e irresponsable de la normativa autonómica» aplicable en materia de subvenciones o el déficit en el análisis de los documentos que Ojeda afirma le fueron entregados. Y aún se ofrece algo nuevo en torno a la visita del inspector al juzgado, al recordar el ex consejero a la jueza que cuando su abogado «le iba preguntando una y otra vez sobre si había tenido en cuenta tal dato, y tal otro, tal documento, y tal otro, y tras negar una y otra vez conocer siquiera el dato o el documento» por el que se le interrogaba, llegó a manifestar «algo parecido a ‘yo si algún dato no he tenido en cuenta, habrá sido por negligencia, no por ocultación’». Y arrecia sumando que también proclamó que el informe no estaba «hecho con mala fe para ir detrás de alguien» y que no se había «guardado nada para perjudicar a nadie». Unas frases «inauditas», a entender de la representación legal de Ojeda que «espetó sin que nadie le hubiera pedido explicación alguna» y que «reflejan fielmente la situación» que denuncia su patrocinado.

El escrito resumido se ha presentado no sólo en nombre del ex titular andaluz de Hacienda, sino también en el de otros investigados en el mismo bloque separado y se refiere tanto al informe rotulado «Delphi Automotive España SLU», como al de «especial referencia» a las asociaciones de la «red Ojeda» AEA, Humánitas, Innova, Inteca y Natura.