Otro juzgado condena a la Junta a pagar 10.575 euros a una fundación de Ojeda

A golpe de recursos y denuncias. Así dejó claro el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda el lunes ante la comisión parlamentaria que investiga el supuesto «fraude en los cursos de formación», que le estaba ganando la partida a la Junta. Una nueva sentencia vuelve a dar la razón al empresario que se atrevió a dejar sus palabras en manos de desconocidos en su paso por la Cámara, pese a ser uno de los investigados –antes imputado– por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que coordina María Núñez Bolaños, debido a la actividad formativa de su entramado empresarial.

De acuerdo al relato que se recoge en una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla, consultada por LA RAZÓN y fechada el 11 de abril, el 22 de noviembre de 2011 el Ejecutivo autonómico concedió una subvención por valor de 42. 300 euros a la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe), ligada a Ojeda, con un fin: cubrir gastos de ejecución de las acciones formativas. De la cantidad global, 21.150 euros fueron abonados en el momento de la adjudicación de la ayuda, mientras el resto se estableció que se pagaría en dos veces: 10. 575 euros iniciados los cursos y los otros 10.575, en el momento de la liquidación.

Tras una ampliación del plazo para justificar los gastos vinculados a esos fondos públicos, el 23 de noviembre de 2012 se hizo al fin «correctamente» y se solicitó a la Junta «la liquidación y el pago de la ayuda» otorgada a Forpe. Meses después, el 24 de abril de 2013, la Administración regional, la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Jaén, resolvió «liquidando por 10. 575 euros, conforme a la justificación de pagos», sin que hasta el momento «se haya procedido» a materializar ese desembolso. Y ello, pese a que también se realizó una reclamación previa al recurso, formalizada en concreto el 16 de junio de 2015, para instar al Gobierno andaluz a cumplir con su obligación, como marca la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).

La otra parte, el Ejecutivo autonómico, alegó que no podía proceder a la entrega del dinero en cuestión por tener el ex consejero «aún justificantes pendientes en varias delegaciones territoriales y con la Dirección General de Formación en Sevilla». Una situación a la que sumaron que Forpe es una de las entidades de la maraña que se investigan en el procedimiento penal que afecta a Ojeda. Sin embargo, la titular del sevillano juzgado de lo contencioso-administrativo 7, Nuria Marín, entiende que esas razones «no pueden ser tenidas en cuenta», ya que los gastos que no se han justificado «se refieren a otras subvenciones distintas». «Nos encontramos –mantiene la jueza en su resolución– ante un acto administrativo firme que la Administración debe ejecutar». Desde esa convicción estima el recurso del empresario y condena a la dirección jiennense del SAE a liquidar «el último pago del compromiso económico adquirido» con Forpe en el expediente de formación objeto del proceso judicial, es decir, los 10.575 euros más «los intereses correspondientes». Además, y de acuerdo a parámetros de la compleja maquinaria de la Justicia, la magistrada impone las costas a la Administración regional, a la que ordena devolver el expediente de la subvención, «con un límite máximo de 300 euros».

El ex titular de Hacienda entre 1987 y 1990 desveló en la comisión de investigación que ha presentado ya 61 recursos contenciosos-administrativos contra el Ejecutivo andaluz, denunciado además en la vía penal por presunta prevaricación «masiva», al retener el dinero que, según Ojeda, adeuda a «miles de empresarios» por la formación. De momento, los vientos judiciales le son propicios y se las ha apañado para que en el ámbito contencioso-administrativo se sucedan las sentencias a su favor. Al margen del fallo desentrañado, acumula ya diversas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenan a la Junta que transfiera a su ex alto cargo varias decenas de miles de euros.

Plazos incumplidos debido al volumen de trabajo del juzgado

La escasez de medios humanos y técnicos-materiales, que han dificultado entre otras cuestiones la implantación del denominado «papel cero» que obliga desde el pasado 1 de enero a presentar las demandas y otros documentos judiciales por medios telemáticos, es una denuncia constante en el mundo de la Justicia. En la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Sevilla relativa a la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe) del ex consejero Ángel Ojeda, también se refleja. «En este proceso –se asevera en el apartado de antecedentes de hechos– se han observado las formalidades legales, salvo el cumplimiento de plazos procesales». ¿La causa de ese quebrantamiento temporal? «El volumen de trabajo que existe» en el mencionado órgano judicial sevillano.