Andalucía
Paralizada la entrega de 720 pizarras digitales por dudas en un proceso de adjudicación de 2,9 millones
El recurso de una empresa ofertante obliga a tomar medidas cautelares al tribunal administrativo
La Junta de Andalucía ha paralizado el contrato de suministro de 720 pizarras digitales para centros educativos como medida cautelar mientras se resuelven posibles infracciones en el procedimiento de adjudicación que se resolvió el pasado 26 de marzo. El Tribunal de Recursos Contractuales de la propia administración andaluza decidió el lunes adoptar la suspensión como medida cautelar mientras estudia el recurso presentado por una de las diez licitadoras al concurso, que partía con una valor estimado de 2.915.700,48 euros.
La Agencia Pública de Educación de Andalucía, encargada de la gestión de infraestructuras y equipamientos educativos, así como los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria, sacó a concurso el contrato ante la necesidad de seguir implantado «recursos interactivos como parte fundamental del aula digital», que se ha convertido «en una herramienta clave para el trabajo colaborativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje». Según la Consejería de Educación, «se hace necesario atender las nuevas necesidades derivadas tanto del crecimiento vegetativo de los niveles en los que está implantado, como la reposición de aquellos que ya no están operativos por obsolescencia o avería crítica».
Las 720 pizarras digitales (con un precio máximo de 2.892,56 euros/unidad, IVA no incluido, según la Junta) para aulas de Infantil, Primaria y Secundaria podrían incluso incrementarse, merced a una «modificación posterior del contrato por un máximo del 40% de valor de licitación».
El 26 de marzo, la Junta anunció la adjudicación del servicio a la UTE Iecisa Solutia, por un importe de adjudicación de 1.611.624,17 euros. Apenas seis días antes, la empresa Soluciones Digitales Tecnológicas SL interpuso un recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de exclusión por parte de la mesa de contratación. El tribunal considera necesario estudiar las alegaciones ante posibles infracciones del proceso.
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