Pensiones y certezas

La sociedad occidental desde los años sesenta del pasado siglo amplió el aforismo de que nada había tan cierto en la vida como la muerte y los impuestos por el de que la muerte, los impuestos y las prestaciones del Estado del Bienestar eran –las tres– certezas incuestionables. Estas tres supuestas certezas (la última es tramposa) han evolucionado de forma muy diferente. La muerte se ha alejado a lomos de una mayor longevidad, los impuestos cada vez se evaden más cómodamente a través de paraísos fiscales y similares y, conforme las sociedades se hicieron más opulentas, Wagner y Baumol probaron que aumentaban sus demandas de prestaciones públicas. No hay que saber más que unos rudimentos de economía y algo de matemáticas para darse cuenta que esto es difícil de sostener. Difícil, sobre todo, si se conjuga con elevadas tasas de desempleo, salarios devaluados y un suicidio demográfico que azota al continente europeo desde hace casi dos décadas.

Ahora el Gobierno todavía en funciones ha vuelto a echar mano del fondo de reserva de la Seguridad Social, otros 1.000 millones de euros más y ya va por la mitad del valor que llegó a alcanzar en los años del «boom» inmobiliario.

Pero resulta que tampoco en esto los grandes partidos son capaces de acordar unas bases estables que permitan seguir pagando las pensiones sin echar mano de la hucha de la Seguridad Social. Es aquí donde la propuesta del PSOE en boca del ex ministro Jordi Sevilla merece una atención mucho mayor que despacharla con los aplausos o los pitos del debate electoral con frecuencia epidérmico. El PSOE propone financiar el desfase de las pensiones con la creación de un recargo solidario al estilo francés, la llamada Contribución Social Generalizada. Este impuesto recaudó en 2012 casi 90.000 millones de euros en Francia. Técnicamente se trata de una figura tributaria añadida a las cotizaciones a la Seguridad Social y aquí es donde comienzan los problemas. España tiene un volumen de desempleo marcadamente mayor que el francés y subir las contribuciones es tanto como encarecer la contratación y devaluar el salario neto en el probable caso de que el incremento de la contribución recayese sobre empleadores y empleados. Desde la perspectiva del reparto de la carga fiscal, la propuesta socialista daría una vuelta de tuerca más al sistema tributario español que cada vez recae más sobre las rentas del trabajo y el consumo. Las rentas de capital son internacionalmente mucho más móviles y acaban en paraísos fiscales vía despachos de asesoramiento ubicados en Panamá o Gibraltar. Éste y no otro es el problema de la propuesta socialista, pero no que sea mala o que no suponga una solución a un problema que todos quieren esquivar conjurando al Pacto de Toledo sobre las pensiones. La propuesta tiene el problema de no favorecer la creación de empleo y agudizar un reparto de la carga fiscal sobre los hombros de los trabajadores por cuenta ajena y consumidores.

Es oportuno recordar que el informe de la comisión de expertos que en 2014 recomendó una batería de medidas para una nueva reforma fiscal en España, propuso introducir impuestos que favorecieran la preservación del medio ambiente y cuya recaudación pudiera servir, además, para reducir la carga de otros tributos como las propias contribuciones a la Seguridad Social.

En un artículo que acaba de publicar la revista «Carbon Management», he tenido la oportunidad de colaborar con los profesores Cardenete, Román y Ordóñez estimando cómo tendría que ser un impuesto sobre el consumo de electricidad en España para poder alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos en la agenda del denominado H2020. Como máximo el tipo impositivo alcanzaría un 7% y podría permitir la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. Naturalmente este impuesto sería soportado por los consumidores e impactaría negativamente sobre la competitividad de los productos españoles intensivos en consumo de electricidad. Pero, si no aumenta la recaudación en un país donde pronunciar la palabra «recortes» es un pasaporte a la oposición política, el Estado del Bienestar tendría grandes problemas en partidas tan sensibles como las pensiones. Es cierto que es posible aumentar la recaudación reduciendo el nivel de fraude fiscal máxime en un país como España donde el volumen de la economía sumergida ronda el 25% del PIB, pero soy poco optimista en este ámbito. Creo que las cifras sobre cuánto dinero se recaudaría de más reduciendo el fraude suelen sobrestimarse. El colapso del sistema de pensiones no es algo inminente, se puede seguir enjugando con la recaudación de otros ingresos, pero antes o después será una certeza. Tan incuestionable como que con la vida van la muerte y los impuestos.

José Manuel Cansino es Profesor Titular de Economía de la Universidad de Sevilla. Director de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente. Investigador asociado Universidad Autónoma de Chile