Piden a la Junta que justifique el perjuicio para personarse como acusación

La jueza Núñez Bolaños da 10 días a la Administración andaluza para que incluya la documentación que le permita personarse en la causa en la que se investiga diversas transferencias a la Agencia IDEA.

La jueza María Núñez Bolaños ha reclamado a la Junta de Andalucía que aporte una «justificación» del perjuicio que «considere se le puede derivar» en relación a la investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la Agencia IDEA al objeto de aceptar su personación en la causa como acusación particular.

En una providencia fechada el pasado 11 de octubre, a la que accedió Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla da a la Junta un plazo de diez días para que aporte dicha «justificación» con la documentación «que considere necesaria» del «perjuicio» que estime que «se le pueda derivar de los hechos objeto de investigación».

La jueza ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró «imprescindible» requerir a la Administración andaluza «al no contar hasta el momento con una mínima justificación de los motivos por los que la Junta se considera perjudicada por los hechos objeto de investigación, y pudiendo ser el interés de la misma bien coincidente, bien contrapuesto al de la Agencia IDEA».

El Ministerio Público se pronunció de este modo después de que el Partido Popular andaluz recurriera la providencia de 15 de julio de 2016 en la que la instructora acordaba tener por personada a la Junta como acusación particular y considera de interés esperar a dicha «justificación» para poder adoptar un pronunciamiento «sobre quién pueda ser perjudicado por los hechos: bien la Agencia IDEA, bien la Junta, o bien ambas».

En su recurso, el Partido PP andaluz esgrimía que la Junta «no ha acreditado debidamente» su condición de perjudicado, ya que, al solicitar su personación como acusación, «simplemente» aportó una Orden de 24 de junio de 2016 del consejero de Empleo, Empresa y Comercio en la que se «limita» a afirmar que «de los hechos investigados podrían irrogarse perjuicios no solo para el erario público sino a otros bienes jurídicos tutelados por la Administración». A juicio del fiscal, «esa escueta fundamentación» contenida en la citada Orden «no parece que sea suficiente para acreditar, al menos indiciariamente y sin perjuicio del resultado de las diligencias que se vayan practicando, que de los hechos investigados se haya podido derivar un perjuicio para la Junta». «De la posible existencia de ese perjuicio es de la que derivaría la legitimación de la Junta para pedir su personación como acusación particular», argumentó la Fiscalía, que consideró que ni en el escrito del letrado del gabinete de la Junta ni en la referida Orden «se contiene justificación suficiente para tener acreditado, aún de manera indiciaria, el interés que permitiría tener a la Junta por acusación».

El Ministerio Público entiende que, «hasta tanto no se cuente con esa justificación, no podrá valorarse si la Junta puede o no ser tenida por acusación particular». La jueza, en este sentido, acordó la suspensión del plazo para poder formular alegaciones al recurso del PP andaluz «hasta tanto en cuanto se pueda contar con la documentación» requerida.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, acusó al PP-A de ejercer «canibalismo político» y «usar» la Justicia en el «caso de los ERE» para «intentar ganar lo que no consigue en las urnas». Sobre el escrito presentado por el PP como acusación particular en el «caso de los ERE fraudulentos», en el que solicita dos años más de cárcel para los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados han cometido un delito de «asociación ilícita», el portavoz andaluz indicó que al PP le interesa «muy poco la verdad y poquísimo la recuperación del dinero público si hubiera existido fraude».