Suprimir mancomunidades

El PSOE andaluz se ha adelantado a rechazar tajantemente una supresión de las mancomunidades por suponer una «expropiación de la democracia». La eliminación de las mancomunidades no sólo no supone ningún ataque democrático, sino que es –debería serlo– un ejercicio sano para evitar duplicidades y reducir el peso de la administración pública. La reforma de la administración local que en estos momentos está negociando el Gobierno central con el principal partido de la oposición es uno de los grandes retos. Por eso se requiere altura de miras y talla política. El rédito electoral y la confrontación deben quedar apartados. No es de recibo que en España haya en torno a un millar de mancomunidades. Sólo en Andalucía hay casi un centenar. A las mancomunidades se suman diputaciones, consorcios, empresas públicas, oficinas comarcales, 8.000 ayuntamientos... No sólo la administración local debe ser examinada a fondo, sino toda la administración. Y la Junta de Andalucía es la primera que debería tomar nota. El elevado peso del sector público, a menudo enrolado en tareas duplicadas y hueras, es el que lastra la iniciativa privada, la encargada realmente de tirar del carro de la economía y propiciar la salida de la crisis. La finalidad de muchas mancomunidades ha quedado patente después de las elecciones de mayo de 2011, al convertirse en posada de alcaldes socialistas desbancados del poder. Urge una reforma inmediata. Los intereses políticos no pueden estar por encima de los de los ciudadanos, que en Andalucía sufren un paro de más del 35 por ciento.