UGT coló a la Junta preparativos de la huelga general contra Zapatero

La dirección regional de UGT controlaba al detalle la tesorería del sindicato para imputar cada acto o evento a la partida apropiada, muchas de ellas, a tenor de lo denunciado ante el juez decano de Sevilla por el colectivo Manos Limpias, financiadas con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía. El problema es que algunos de estos eventos nada tenían que ver con la justificación presentada ante el Ejecutivo andaluz, que era de donde salía el dinero.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, UGT-A imputó 3.073,80 euros a la presentación del «Estudio sociolaboral de la UGT Andalucía. Claves 2009», cuando en realidad el gasto correspondía a la media dieta de los 218 delegados sindicales desplazados desde Córdoba a Sevilla para participar en una asamblea informativa el 30 de junio de 2010. El acto, al que asistieron representantes sindicales de todas las provincias, servía de preparación para la huelga general del 29 de septiembre de ese año que convocaron de manera conjunta UGT y CC OO contras las decisiones en materia económica y laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La carta que el secretario de Administración de UGT Córdoba, Antonio López, remite el 2 de julio de 2010 al vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A, Federico Fresneda, es clara: «Te adjunto 218 notas de gastos por un importe de 3.073,80 euros correspondiente a la media dieta de la asamblea celebrada en Sevilla el pasado día 30 de junio. Agradeciendo siempre tu colaboración y a la espera de recibir el importe mencionado mediante transferencia a la cuenta del BBVA, recibe un cordial saludo», concluye.

Sin embargo, las 218 hojas de liquidación de gastos no son fieles a la carta que las acompaña. La nota incluye el nombre, apellidos y DNI de cada delegado y la media dieta señalada por importe de 14,10 euros. En el concepto y motivo de estos gastos, la justificación es otra: «Jornadas presentación Claves 2008». Llama la atención otra circunstancia: la letra manuscrita con los datos personales de cada delegado es distinta a la que aparece en el concepto que justifica la nota, como si ésta última se hubiera añadido a posteriori por la dirección regional y cada asistente sólo hubiera rellenado el campo de «nombre y apellidos» –práctica que se repite en otros documentos consultados por este periódico–. El importe de la dieta (14,10) figura en todas las notas escrito a máquina.

La realidad es que UGT recibió una subvención de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo dentro del Programa de Estudios y Difusión del Mercado de Trabajo, ayuda regulada por la Orden de 26 de diciembre de 2007 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El sindicato se comprometió a la elaboración del Informe socioeconómico de Andalucía del año 2008-2009. El SAE, mediante una resolución de 17 de julio de 2009 en poder de LA RAZÓN, le concedió a UGT 270.000 euros para estos trabajos. La ayuda, según consta en el expediente, estaba cofinanciada al 80 por ciento por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-2013.

El artículo 26 de la Orden que regula estas subvenciones recoge, entre otros aspectos, que parte del importe recibido se puede destinar «a la celebración de jornadas, encuentros, seminarios o reuniones de hasta 100 asistentes que no podrán superar el límite de 18.000 euros». De ahí que el desplazamiento de sindicalistas para la presentación del informe –que se editó en su día– sería un gasto justificable ante la Administración. El problema es que el destino de los asistentes era otro: recibir las consignas oficiales para la jornada de huelga que convocaron conjuntamente Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.

El punto séptimo de la resolución de la concesión de la subvención establece que «en caso de que no se justifique debidamente el total de la actividad subvencionada (...) se procederá a la regularización del exceso obtenido a la vista de los justificantes no presentados o no aceptados en el último pago y, en su caso, al reintegro del exceso obtenido, de acuerdo con el porcentaje de financiación que aporte el Servicio Andaluz de Empleo». La Junta de Andalucía anunció el pasado martes que ha abierto una investigación interna que durará tres meses para aclarar el destino final de las ayudas concedidas a UGT y exigirle, si fuera procedente, la devolución de las cantidades presuntamente desviadas.