Un Gobierno de Díaz tiene el récord de pagar menos ingresos de solidaridad

70.661 familias solicitaron esa ayuda en 2014 y la Junta se la concedió, tras los trámites, a 22.636

El ingreso mínimo de solidaridad es la concreción de un programa que la Junta puso en marcha en la década de los noventa fruto del acuerdo con los agentes sociales y con un fin: «Desarrollar las medidas necesarias para erradicar la marginación y la desigualdad en Andalucía», según recoge la propia Administración autonómica en su sitio web. El plan tiene vocación «insertora» y los beneficiarios del mismo son unidades familiares que cumplen una serie de requisitos como estar constituidas de forma «estable» un año antes de solicitarlo, salvo excepciones; que todos sus miembros estén empadronados como residentes en un mismo domicilio anclado en un municipio regional, o se den circunstancias demostrables laborales o de causa mayor para que eso no sea así; y el que los agraciados no dispongan de un máximo de recursos económicos.

La ayuda no podrá recibirse más allá de seis meses y la cuantía a abonar alcanzará el 62% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aumentada en un 8% por cada miembro de la unidad familiar que se vea favorecida con el incentivo solidario.

El propio Gobierno andaluz ha hecho recuento de las peticiones presentadas desde 2008 a 2015 y de las resueltas –englobando bajo ese concepto a todas ellas por ejercicio más las pendientes del anterior que fueron tramitadas–, ya sea para estimarlas, rechazarlas o incluirlas en la categoría de «otros» supuestos previstos en el decreto que las regula, el 2/1999, de 12 de enero.

A estas estadísticas se puede acceder a través del portal virtual que sustenta la Junta y de acuerdo a esa serie, el año que más solicitudes se cumplimentaron fue en 2014, ya con Susana Díaz al frente del Ejecutivo regional. El global se alzó hasta las 70.661, mientras en 2008 se contabilizaron 29.134 y en 2009, 41.043. Al siguiente ejercicio 43.955, en 2011, 51.222, que se elevaron hasta las 55.441 en 2012 y hasta las 65.901 la anualidad siguiente, para bajar en 2015 hasta las 49.428. Al margen de esa secuencia y según se refleja en una memoria de actividades relativa a 2016, el pasado año se contabilizaron en conjunto 45.823.

Si se centra el foco en las demandas de auxilio resueltas, en 2008 fueron 23.339 de las que concluyeron de forma positiva para las familias en riesgo de exclusión 18.392, esto es el 78,80%; en 2009, 34.037, de las que 25.792 fueron un «sí», es decir, el 75,77%; y en 2010 41.761, con 29.968 concedidas, el 71,76%. El siguiente ejercicio se gestionaron 47.223 y se otorgaron realmente 33.815, el 71,60%; en 2012 el global fue de 48.580 y las adjudicadas 33.068, que supusieron el 68,06%; y en 2013, 78.660 y 55.711, el 70,82%. Por último, las cifras de 2014 pasaron por 43.374 y 22.636, lo que significó el 52,18%; y en 2015, 73.319, de las que resultaron favorables para los postulantes 51.656, el 70,45%. Por lo que respecta a 2016, el número de peticiones resueltas que consta en el mencionado informe independiente es de 56.884, de las que 34.980 se enmarcaron bajo la etiqueta de «concedidas».

En palabras, en el periodo de tiempo contemplado, nueve años, las familias que pudieron agradecer y usar el ingreso mínimo de solidaridad nunca alcanzaron el 80% de las que lo demandaron y el año en el que menos se repartieron, superando sólo en dos décimas la mitad de lo resuelto, fue de nuevo 2014, encadenándose en los dos siguientes una caída de quienes acudieron a la Administración para intentar obtener la ayuda. Por contra, la anualidad que más se otorgaron resultó ser 2008, antes de la última gran crisis económica. De acuerdo a los datos proporcionados en el portal de la Junta, las mujeres fueron siempre en mayor medida las titulares de las familias bonificadas con los fondos públicos y, en concreto, las comprendidas en la franja de edad de entre los 35 y los 44 años. El reparto por provincias ha sido dispar.