Un lego «político» Torrijos culpa a sus camaradas y elude responsabilidades

Con una sonrisa forzada, más allá de las cuatro de la tarde, Antonio Rodrigo Torrijos abandonó las dependencias judiciales del Prado. Durante casi siete horas, el ex primer teniente de alcalde hispalense y concejal de IU trató de convencer al magistrado Juan Gutiérrez Casillas de que desconoce qué fue de la ayuda de 990.000 euros que el Ayuntamiento otorgó en 2008 a la Fundación DeSevilla para cooperación internacional y que ésta no justificó ni reintegró pese a haber recibido un anticipo del 75 por ciento.

Imputado desde septiembre y señalado por sus propios compañeros del partido comunista, Torrijos anticipó su llegada al juzgado de Instrucción nº 16 más de un hora antes de la fijada para la declaración, negándose a responder a las preguntas de la abogada del PP, Lourdes Fuster, que ejerce de acusación particular.

Pese a ser el delegado de Relaciones Institucionales desde 2007 y patrono electo de la Fundación, Torrijos esquivó cualquier responsabilidad, escudándose en que su cargo era «político» y, por tanto, «ni tiene ni ha tenido nunca ningún conocimiento del desarrollo de los proyectos subvencionados». El actual portavoz de IU señaló a Carlos Vázquez, vicepresidente de la comisión ejecutiva, y al ex gerente Miguel López Adán, ambos imputados, así como a Manuel Copete (Psoe), vicepresidente segundo de la comisión, como responsables de la gestión económica de la Fundación, aunque su colaboración era imprescindible para la concesión de la ayudas.

De hecho, Torrijos no rechazó ninguna de las cuatro peticiones de subvención a su delegación pese a que Deloitte advertía regularmente de la existencia de un desequilibrio patrimonial en la Fundación, hasta que en 2009 se negó a formular opinión. Alegó que «no sabía bien el alcance» de estas advertencias. Y respecto a los informes de la Intervención sobre las irregularidades, afirmó que eran «observaciones», aunque admitió que en dos expedientes de peticiones de subvención sí hubo «ilegalidad» y no se llegó a abonar la subvención. En los otros dos se pagó el 75%. En concreto, respecto al expediente 98/08, por un importe de 990.000 euros cuyo paradero se desconoce, señaló que él no propuso la suscripción del convenio, sino Carlos Vázquez o López Adán, «uno u otro». Y pese a la «observación» del Interventor, «no se deliberó en la Junta de Gobierno» porque era habitual que llegasen ya estudiados los expedientes. Torrijos interpretó que «no existió una negativa rotunda» y por ello continuó con una tramitación de la que se arrepiente. En 2008, «se tenía confianza en el buen fin» del convenio –cooperación en Colombia, Cuba, Nicaragua o Palestina– y también «en que se estaban adoptando las medidas de corrección» a propuesta de la auditoría y de los patronos, «otra cosa es lo que a toro pasado hubiese hecho».

Tras conceder dos ampliaciones de seis meses para justificar los 742.500 euros adelantados en 2009, un año después de ser aprobada la subvención, la Fundación renunció a la misma. Torrijos dijo desconocer el motivo de esta renuncia e «ignorar» donde está el dinero y se refirió a una negociación, que no fue idea suya, entre la Fundación y la Intervención «para llegar a un proceso de compensación» que les llevó a «estar a la expectativa» porque de hecho «aún se sigue estando en plazo de reintegro», que es de 4 años. Eso sí, asume que dio su asentimiento a la modificación presupuestaria de 1,5 millones para equilibrar el patrimonio negativo. «Al declarar concluso el expediente de subvención no pretendía ocultar, perdonar o evitar el pago de los 742.500 euros», finalizó.