Un modelo cuestionado que sigue sumando incentivos

Las denominadas Unidades de Gestión Clínica (UGC) comenzaron a gestarse en el año 2000 en la sanidad pública andaluza, aunque su desarrollo definitivo no tuvo lugar hasta 2006. Este modelo, muy cuestionado por los profesionales, se basa en cuatro pilares: el fomento de la implicación de los sanitarios en la gestión de los centros, el refuerzo de la atención asistencial, la mejora de la organización del trabajo y el aumento de la satisfacción de los pacientes. Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas de numerosos colectivos sanitarios, que denuncian los «excesivos» incentivos que reparten a sus directivos, la mayoría «nombrados a dedo» por la Administración.

El sindicato de enfermería Satse dio a conocer ayer una cifra que no hace más que poner en cuestión el funcionamiento de estas unidades: sus directivos en Córdoba cobraron un total de 1.092.000 euros el año pasado en productividades. Se trata de 109 directores de UGC y 32 directivos de hospitales y distritos sanitarios. 920.000 euros corresponden a los directivos de UGC y 172.000 a los directivos de los hospitales Reina Sofía, Infanta Margarita, Valle de los Pedroches y el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, así como a los responsables de los distritos sanitarios Córdoba, Córdoba Sur, Guadalquivir, Área Norte y CRTS.

Recuerda el sindicato que estas asignaciones se hicieron «tras la consecución de objetivos, la mayoría de ellos de carácter económico y presupuestario, para recortar a pacientes y profesionales». También se tuvieron en cuenta otros parámetros «ligados a la actividad con una clara intención economicista». En el caso de los directores de UGC, «no pocos» percibieron en torno a 11.000 euros, según los cálculos de la central, sólo en productividades. Todo ello, «al margen de sus retribuciones habituales».

Estos incentivos se repartieron, insiste Satse, «mientras los recortes salariales y la pérdida de derechos continúan ahondando en la precariedad de los profesionales», cuya dignidad laboral «se sigue dilapidando». Además, durante la crisis estas primas no han hecho más que crecer. Desde 2008, según el sindicato, se han incrementado en casi 400.00 euros, mientras se sigue recortando en materia asistencial y laboral: la contratación se reduce en verano un 25 por ciento, se han destruido 700 puestos de trabajo, la extra de 2012 sigue sin abonarse, se recorta el 10 por ciento de todos los conceptos variables y la falta de enfermeros «pone diariamente en riesgo la seguridad del paciente». A todo esto habría que sumar «el incremento de las listas de espera, la masificación de las urgencias y las reducciones drásticas de medios y recursos».

La media de los incentivos de los profesionales sanitarios en la provincia se sitúa en los 1.000 euros brutos anuales. Los datos, por tanto, dejan al descubierto «quiénes sacan adelante la asistencia, realizan el esfuerzo y sufren los recortes y quiénes se llevan cientos de miles de euros a cambio de recortar recursos y medios, repercutiendo en los pacientes».

Las UGC han generado tanto escepticismo que el Colegio de Médicos de Sevilla realizó recientemente una encuesta entre sus facultativos que demostraba a las claras el descontento generalizado. Tan sólo un 4 por ciento de los profesionales reconoció que habían mejorado mucho la asistencia. La cifra contrasta con el 23 por ciento que consideró, por contra, que había empeorado mucho. El documento también reveló que las unidades no habían contribuido nada –35 por ciento de los encuestados– al desarrollo de procesos asistenciales integrados en su entorno, uno de los objetivos básicos del modelo. Tan sólo un 6 por ciento reconoció que este extremo se había conseguido. Aún más reveladores eran los datos relativos a la autonomía para administrar recursos y personal. Según la encuesta, un 45 por ciento consideró que no se había alcanzado esta meta. De hecho, un 30 por ciento aseguró que las UGC tenían poca autonomía de gestión, frente al 18 por ciento que consideró que tenían una autonomía «aceptable».

También una abrumadora mayoría –62 por ciento– reconoció que sus objetivos no se consensuaban previamente con sus miembros y un 58 por ciento señaló que los objetivos anuales que se planteaban no reflejaban los intereses ni los problemas asistenciales diarios. Un apartado especial merece la variable de la gestión de los directores y cargos intermedios. Un 27 por ciento la consideró «muy mala» y un 24 por ciento «mala», reforzando así las críticas por las primas que reciben anualmente.

Las UGC han generado también un intenso debate sobre cómo abordar la gestión sanitaria, sobre todo en una época lastrada por los recortes durante los años más duros de la crisis. La Administración, por un lado, está más preocupada por la contención del gasto, mientras que los profesionales defienden mejoras laborales y asistenciales, dada la escasez de efectivos en la atención primaria y en los hospitales.

Pero no sólo los profesionales sanitarios se han mostrado en contra del modelo. También los tribunales han ido desmontando los argumentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la hora de aplicar esta arquitectura organizativa. De hecho, ha anulado numerosos nombramientos de directores de UGC, que se habían llevado a efecto porque las convocatorias permiten el acceso a puestos directivos sin la necesidad de estar vinculado como personal funcionario o estatutario fijo al Sistema Nacional de Salud. Precisamente, el Tribunal Supremo ya determinó la ilegalidad que supone la convocatoria del acceso abierto.