Una reforma que pasa por más impuestos

Las eminencias coinciden: la vía para tener más recursos pasa por subir impuestos. «Y si alguien quiere, que dé la cara, que los ciudadanos sepan quién los sube y a qué se destinan», apuntó en el grupo de trabajo sobre la reforma de la financiación autonómica Ángel de la Fuente, director de Fedea, recordando que el sistema no es «la carta a los Reyes Magos». Los partidos pueden registrar hasta el 5 de febrero en el Parlamento sus conclusiones. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, señaló ayer que en el acuerdo sobre financiación «no caben tacticismos», por lo que los grupos tendrán que «retratarse».

El grupo de trabajo se constituyó en septiembre de 2017 y concluyó el 23 de enero. Han comparecido una veintena de expertos. Su creación fue una propuesta de Susana Díaz. El Grupo Socialista es el único que hasta ahora ha esbozado sus líneas maestras, argumentando que el actual sistema de 2009, aplaudido en su día con entusiasmo desde la propia Junta, ha «lastrado» a la comunidad con 5.522 millones que habría dejado de percibir. El PSOE estima en 16.000 millones «la insuficiencia mínima a satisfacer por el conjunto de las comunidades», tomando como base 2014. Otros expertos, apuntó Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, hablan de hasta 33.000 para la homologación «con los países de la zona euro», quien, no obstante, recordó que el actual sistema, tras la crisis, «ha aumentado hasta situarse en 97.652 millones, que es un 17% superior a lo que había en 2014, es decir, se está recuperando en parte la financiación autonómica y las previsiones son que para 2018 en términos nominales ya sería un récord».

El Grupo Socialista considera que «el punto de partida debe ser una estimación adecuada de las necesidades de gasto, que deben provenir de una mayor participación en la recaudación del IVA e impuestos especiales». El PSOE opta por que sea el Estado el que recaude más para repartir. Durán-Cabré, profesor del departamento de Economía Pública de la Universidad de Barcelona, señaló que el IVA «es un impuesto armonizado por la UE y no parece que sea posible ceder poder normativo», manifestándose en contra de un «IVA colegiado», algo que, apuntó Ferraro, «tiene un coste político». También propone el PSOE, en primer lugar, el Fondo de Financiación de los Servicios Públicos, «similar al actual Fondo de Garantía de los Servicios Fundamentales, pero que se nutrirá de una mayor participación de la recaudación del IVA e impuestos especiales». En segundo término, el Fondo de Desarrollo de las Autonomías, que sustituiría a los actuales Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Cooperación y Fondo de Competitividad. En tercer lugar, «la creación de un Fondo de Sostenibilidad de los Servicios Públicos», que «se constituiría con los excedentes de años de mayor bonanza ». Para el reparto, los socialistas defienden que «la población ajustada debe ajustarse a la población de derecho», esto es, recoger criterios como «la insularidad o la dispersión geográfica, pero en ningún caso puede suponer que se penalice a la población real». «En la práctica hay 220.000 andaluces que no existen para el actual modelo», argumentan. Elena Manzano Silva, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, señaló que las comunidades tienen «capacidad normativa» para «incrementar la recaudación si quieren», rechazando «la población como principal variable» y abogando por «un criterio de necesidad». Las conclusiones socialistas incluyen referencias a la armonización fiscal en tributos cedidos o la eliminación de copagos. Muchos expertos, por contra, ven en esta fórmula la garantía de la sostenibilidad de sistemas como el sanitario y no fueron pocos los que abogaron por una «recentralización» de servicios. El que fuera uno de los colaboradores más estrechos de Aznar, Gabriel Elorriaga Pisarik, Inspector de Finanzas del Estado y Profesor Asociado del Departamento de Economía Aplicada de la Complutense, defendió «más facilidades para la colaboración entre las comunidades en la prestación de servicios comunes». Elorriaga recordó, con el ejemplo de los impuestos a la banca, que «obviamente no los paga el presidente del banco».

La mayoría señala «el problema del status quo» como principal escollo. «El sistema foral es una anomalía desde una prospectiva comparada», señaló Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. «Queremos ley de dependencia, unas buenas pensiones, un montón de cosas, pero luego no recaudamos, no tenemos recursos para eso», señaló. Los expertos coincidieron en que España está «en el top cinco mundial de descentralización de ingresos» (Lago Peñas). Ruiz Huerta Carbonell, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, apuntó que no tener en cuenta la crisis «es dejar el análisis muy cojo». «Se nos hunden los ingresos tributarios» y «en consecuencia los servicios se ven resentidos» (Elorriaga). Todos los expertos consultados se mostraron en contra de la condonación de deuda e hicieron hincapié en «la falta de evaluación» de los servicios. Ferraro fue tajante: «El aumento de la financiación debe venir de un aumento de impuestos» –con las cautelas por su afección, por ejemplo, a las exportaciones– pero «debería corresponder a las comunidades que son las que están demandando la financiación». Y concluyó: «El problema fundamental para la reforma es la escasa colaboración entre los partidos políticos».