Una sentencia firme obliga a la Junta a desvelar su plantilla de externos

La Junta ha tratado de ocultar los datos del personal externo que trabaja en la denominada «administración paralela».

La Junta ha tratado de ocultar los datos del personal externo que trabaja en la denominada «administración paralela», el anillo de empresas, consorcios, agencias y fundaciones públicas, pero no le queda otra opción que revelarlos tras un fallo judicial que le da la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

La Sala del Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Junta contra una sentencia de julio de 2012 en la que un juzgado avalaba a los funcionarios para que pudieran obtener información sobre los externos que trabajaban en ese momento en la Consejería de Agricultura y Pesca. La Secretaría General Técnica de esta Consejería emitió una resolución en la que desestimaba el requerimiento de los funcionarios de diciembre de 2010 por el que pedían «copia de los contratos que amparan la presencia de personal externo en el centro de trabajo», las funciones que desempeñaban cada uno, si «disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos» y una «relación de plazas vacantes y desdotadas existentes».

Entiende el Alto Tribunal en esta sentencia firme, contra la que no cabe recurso, que «la apelación no puede prosperar». «La Ley 7/07 reconoce el derecho de la Junta de personal a la obtención de información sobre política de personal–el Gobierno andaluz esgrimió que SAF no estaba «legitimado» para obtener esta documentación al corresponderle a las Juntas y a delegados de personal– pero ello no excluye que también deba entregarse a los sindicatos para permitir el ejercicio del derecho a la libertad sindical en su vertiente colectiva, cuando dicha información es necesaria para la defensa de los intereses colectivos de sus afiliados». Añade, asimismo, que la información requerida tiene «amparo en el artículo 28.1 de la constitución por cuanto es necesaria para el adecuado ejercicio de la defensa de los funcionarios para evitar que las funciones propias y reservadas por ley a los mismos sean desempeñadas por personal que carece de la condición de funcionario público».

El TSJA alude directamente en esta parte de la sentencia a la preservación de las potestades públicas, que corresponden en exclusiva a los funcionarios de carrera. Precisamente con esta información lo que pretende constatar el Sindicato de Funcionarios es que se está produciendo una usurpación de funciones al estar en manos de personal externo y no funcionario herramientas sensibles. Por ejemplo, claves de sistemas informáticos que en algunos casos se usan incluso para la tramitación de subvenciones.

Hay una opacidad manifiesta en torno al número de personas que componen esta frondosa administración paralela. La primera vez que el Gobierno andaluz dio una cifra de trabajadores de las empresas públicas fue el pasado 15 de mayo. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, aseguró que Andalucía cuenta con 261.399 empleados públicos, de los que en torno a 22.000 pertenecen a las empresas. Esta última cifra es aproximada. El entramado es complejo, de ahí que los funcionarios quieran información. Además de la administración paralela compuesta por personal laboral que ha recalado en las agencias tras la reordenación del sector público, existe una suerte de segunda administración paralela. Es decir, trabajadores contratados de forma externa a través de asistencias técnicas. Dos son las vías de acceso: contratación directa como autónomos, tras la adjudicación de un contrato para una tarea específica; o una contratación derivada de las encomiendas de las consejerías a sus propias empresas públicas, que son las que buscan el personal externo.

No hay forma de saber cuántos trabajadores pueblan este boscaje administrativo, pero esta sentencia contribuye a despejar el camino.