Casi seis mil personas cobran la ayuda de la Junta para evitar su exclusión social

Cerca de seis mil personas de esta Comunidad cobran en estos momentos la Renta Garantizada de Ciudadanía para poder sobrevivir y no quedarse fuera de la sociedad. Parafraseando al presidente Juan Vicente Herrera, esta ayuda «ni es el bálsamo ni es la solución a los problemas económicos actuales, pero sí supone un derecho social subjetivo para las familias en riesgo de exclusión social». La mayoría de los solicitantes de esta ayuda que la Junta otorga desde hace dos años para favorecer la inserción social y laboral de los beneficiarios y ayudarles a salir adelante cuanto antes son mujeres de nacionalidad española, de entre 25 y 45 años, que viven en las ciudades y tienen algún hijo a su cargo. El doce por ciento son extranjeros.

Se trata de personas sin ingreso alguno y desde hace tiempo, que necestan de esta ayuda para sobrevivir y que perciben cada mes una media de 540 euros. Y es que, en función de las unidades familiares, los beneficiarios pueden cobrar desde 340 euros, que es el mínimo establecido sobre la base del 80 por ciento del IPREM, fijado en 426 euros para el caso de una sola unidad familiar, hasta los 692 euros como máximo (130% del IPREM) para hogares con cinco o más miembros.

En estos dos años de vigencia de la ayuda, la Consejería de Familia ha recibido más de 27.000 solicitudes para acceder a la misma, de las que se han resuelto casi 24.000. Y de estas, se han concedido alrededor de diez mil, lo que supone un 40 por ciento del total de las peticiones que cumplían todos los requisitos tras evaluarse los ingresos y el patrimonio del demandante y cruzar los resultados con las bases de datos existentes en los distintos organismos. Sin embargo, a otros 14.000 solicitantes el departamento que dirige Milagros Marcos les ha denegado esta ayuda por incumplir alguno de los requisitos establecidos. En concreto, a seis de cada diez no se les ha concedido la subvención porque contaba con ingresos, no estaba empadronado en Castilla y León, no estaba inscrito como demandante de empleo o no tenía escolarizados a sus hijos. Al 40 por ciento restante se les ha denegado la ayuda porque o bien fue imposible localizarlos en su domicilio o desistieron al pedirles que corrigieran algunos errores en su documentación. El objetivo final de esta renta es que los solicitantes se reinserten en la sociedad y puedan vivir lo más digno posible mientras encuentran un trabajo con el que poder empezar de nuevo. Algo que han conseguido casi seis mil castellanos y leoneses en estos dos años.

Personas todas que han dejado de cobrar esta prestación porque encontraron un puesto de trabajo.

Garantizada la prestación

Familia destinará este año ocho de cada diez euros de su presupuesto (654 millones a la atención directa a personas y familias que más lo necesitan, los mayores, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género, los menores, los jóvenes con dificultades para emanciparse, los ciudadanos en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla y los drogodependientes. En el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía, se mantienen los 32,3 millones de euros, aunque ampliables, en función de la demanda existente.