Denuncian el cobro indebido del IBI de varias parcelas rústicas en Villarcayo

Tener parcelas en un pequeño pueblo puede tener ventajas, pero también sus inconvenientes. Un ejemplo es lo que está sucediendo en la localidad burgalesa de Villarcayo, donde ya son numerosos los vecinos que han denunciado al ayuntamiento de la localidad, por lo que consideran un «abuso desmesurado» en el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Un hecho que viene sucediendo desde hace años, cuando se decidió recalificar miles de metros cuadrados rústicos en urbanizables, lo que ha hecho que, por ejemplo, algunos de sus vecinos que hasta la fecha pagaban un par de euros por contar con una finca de unos 7.000 metros cuadrados, lleven varios años tributando con cifras que alcanzan los 300 euros.

Uno de los vecinos afectados es Ignacio Gamero, quien lleva ya años luchando por lo que considera una «tremenda injusticia» y que en conversación a LA RAZÓN, explica su caso. «La historia nace cuando me doy cuenta de que mes están cobrando en una finca rústica de cultivo de secano un impuesto urbano», dice.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, comienza a investigar y descubre que en el año 2015 sale a la luz un decreto, concretamente la ley 13/2015, que regulariza la situación de estas fincas, que están tipificadas como urbanas por los ayuntamientos, pero que al no contar con un plan de desarrollo urbanístico para la localidad, tiene la tipificación para el catastro y para Hacienda de rústico.

Una situación, que cuatro años después no se ha modificado ni regularizado por parte de los ayuntamientos afectados, y que afecta también a decenas de municipios de la provincia.

Según Gamero, a fecha de hoy el Catastro no ha recibido información por parte del Consistorio de Villarcayo y se sigue aplicando el «cobro indebido a estas fincas por dejadez y por interés».

Se trata de una problemática que puede derivar a un contencioso-administrativo, «que es la técnica a la que nos empujan», y el denunciante va más allá al señalar que la administración, en este caso el Ayuntamiento de Villarcayo, cuenta con el «soporte del Catastro y de la Diputación de Burgos», con los que ya se ha puesto en contacto y donde le reponden «que no procede».

Sólo en esta localidad burgalesa son alrededor de 1.300 fincas rústicas las afectadas y son numerosas las denuncias que han llegado al Ayuntamiento por este motivo. Y además, se da la circunstancia de que hay casos de vecinos, que cuentan con un terreno para el pasto de vacas, a los que se les recalificó como urbano ese lugar, se negaron a pagar el impuesto, y les llegó una notificación de una multa de 3.000 euros.

«Los ayuntamientos están jugando al desgaste. Aquí hay personas interesadas en sostener esta situación a través de cobros indebidos. Es una financiación irregular», señala Gamero, quien ha abierto una cuenta en Facebook bajo el nombre «IBI Villarcayo» para denunciar esta problemática y contar con apoyos para su revisión inmediata.