Diligencias contra Caja España y Caja Duero por conceder créditos ventajosos

VALLADOLID- Izquierda Unida (IU) y Ecologistas en Acción de Castilla y León se han personado como acusación particular en las diligencias contra responsables de las antiguas Caja España y Caja Duero, por un supuesto delito societario que superaría los 65 millones de euros.

El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha abierto diligencias para investigar la concesión de préstamos en condiciones supuestamente ventajosas a empresas constructoras con sede en esta ciudad, ha explicado hoy el coordinador de IU en Castilla y León, José María González.

El partido y el grupo ecologista se han personado «porque los ladrones de cuello blanco que han robado deben de tener responsabilidad, además de responder lo que se han llevado», ha asegurado González en rueda de prensa en Valladolid.

José María González ha pedido además responsabilidades políticas a la Junta, al PP y al PSOE de Castilla y León, porque la Consejería de Economía dio el visto bueno a esos créditos y los dos partidos mayoritarios en la Comunidad tenían representantes en esas cajas, ahora fusionadas en el Banco CEISS.

El representante de los ecologistas, Javier Gutiérrez, ha declarado que algunos constructores formaban parte de los consejos de administración de esas cajas, como Santos Llamas, que presidió Caja España.

El abogado de IU, Gorka Esparza, ha señalado que la Fiscalía ha investigado 29 operaciones de crédito, antes de que el Juzgado se encargara del caso, relacionadas con cuatro constructoras con sede en León.

Los créditos suman unos 67 millones de euros por parte de Caja España y 8,8 en el caso de Caja Duero, con un «riesgo vivo» de 55 y 3 millones, respectivamente. Estas operaciones también las estudiaron el Banco de España y la Junta, aunque esta última se limitó «a cubrir el expediente», según el abogado.

La concesión de estos préstamos «contrasta» con los cerca de «525 millones de euros» que ambas cajas tiene retenidos «de los preferentistas», ha añadido. Las penas previstas van de seis meses a cuatro años de prisión, o multa del triple del beneficio obtenido.