El Alto Tribunal de Castilla y León anula el catálogo de puestos de funcionario de la Junta

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado en una sentencia el catálogo de puestos de trabajo, por la falta de motivación y de estudios e informes que lo justifiquen. El auto estima el recurso interpuesto por la Asociación de Letrados de esta Comunidad..

En el expediente no se recoge la documentación técnica que explique las decisiones que se adoptan en el acuerdo de la Junta. Así, no hay estudios preparatorios o informes de los puestos de trabajo tipo, ni de los puestos de trabajo integrantes de las relaciones de puestos de trabajo preexistentes, ni de éstas en su conjunto, ni se especifican qué normas se tienen en cuenta para la clasificación y definición funcional de los puestos de trabajo. La sentencia determina que esta falta de motivación y de estudios o informes resulta «especialmente incomprensible» cuando todas las partes están de acuerdo en que hay que racionalizar y homegeneizar las relaciones de puesto de trabajo, debido a que, como dice la letrada de la Comunidad en contestación a al demanda, existen en Castilla y León más de 700 tipos de puestos de trabajo.

Nada más conocerse el auto, que afecta a 16.000 funcionarios, el portavoz autonómico de Ciudadanos, Luis Fuentes, calificaba la situación de «extrema gravedad» y aseguraba que exigirán responsabilidades políticas. El dirigente naranja denunciaba la «nefasta» política de personal de la Junta, y afeaba al presidente Herrera «que no haya entendido que las medidas de personal se negocian en los órganos adecuados».

En el PSOE se mostraban más críticos, y el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, hablaba de que el Gobierno regional ha asesinado a la Función Pública. «La sentencia es un varapalo y un zasca en toda la boca», decía el dirigente del PSOE, quien advertía de las consecuencias mortales sobre el empleo público, ya que los trabajadores «tendrán la espada de Damocles encima porque no sabrán si su puesto existe o no».

Desde la Junta quitaban hierro a esta sentencia que «vamos a estudiar detenidamente», decía Milagros Marcos, quien pedía tranquilidad porque se trata de cuestiones formales y de una norma consensuada con los sindicatos de la Función Pública. «No se va a paralizar ninguna de las medidas de mejora de la Función Pública, como la relación de puestos de trabajo o la convocatoria de la mayor oferta de empleo público», aseguraba la consejera portavoz de la Junta, mientras criticaba los insultos de Martín y le afeaba que su imaginación «vaya más lejos de lo que se espera de un político».