El Gobierno Herrera impulsa el empleo y la actividad del sector geominero

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, anuncia que la nueva Estrategia simplificará y digitalizará los trámites

La Junta de Castilla y León impulsa una Estrategia Regional de Recursos Mineros 2016-2020 con el objetivo de potenciar la actividad productiva y la creaciónde empleo en torno al patrimonio geominero autonómico que, al estar localizado en los pueblos, también contribuirá a fijar población en el medio rural.

Así lo destacó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, durante la explicación de la iniciativa a la que se puede realizar aportaciones a través del portal de Gobierno Abierto.

En este sentido, explicó que el proyecto recoge hasta 34 medidas, entre las que resalta la simplificación y digitalización de trámites administrativos para favorecer la explotación de yacimientos.

Del Olmo informó de que la Estrategia también llevará a cabo un plan de valorización de las materias primas en nuestra Comunidad y aportará financiación en condiciones ventajosas a través de la Lanzadera Financiera para las empresas que decidan apostar por este motor de desarrollo.

Más de 4.000 trabajadores

Y es que, recordó que se trata de un sector con un negocio cercano a los 363 millones y ocupa a más de 4.000 trabajadores en la Comunidad, con 483 explotaciones activas, de las que el 73,5 por ciento están vinculadas a productos de cantera; el 20,9 a roca ornamental; el 3,3 a minerales industriales; el 2,1 a energéticos, y el 0,2 por ciento se corresponde con minería metálica.

León y Burgos son las dos provincias con mayor actividad minera, ya que entre ambas concentran el 65 por ciento de las industrias y el 73 del valor de la producción autonómica.

A estos datos hay que añadir las 26 explotaciones de aguas minerales y termales, sobre las que la Comunidad ejerce competencias exclusivas. La Estrategia marca las directrices de la política económica en torno a los recursos minerales a partir de cinco ejes de acción e involucra en su ejecución a tres agentes: la propia Administración, el sector afectado y la sociedad en su conjunto, a la que trata de sensibilizar sobre las ventajas de esta actividad y su compatibilidad con la sostenibilidad medioambiental.

Desde el punto de vista normativo, se plantea la redacción de un decreto de Minería que desarrolle con más claridad y refuerce la seguridad jurídica de ciertos trámites administrativos inherentes a cualquier iniciativa extractiva, como los otorgamientos, suspensiones temporales, prórrogas, concentraciones de trabajos, caducidades y concursos.

Además, Pilar del Olmo aseguró que se elaborará conjuntamente un plan de regularización de las garantías financieras, con el propósito de minimizar el impacto que sobre las arcas públicas puedan tener situaciones de cierres prematuros o no planificados de entidades explotadoras.