El Gobierno Herrera presenta enmiendas a una reforma local que «sigue sin gustar»

El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera sigue defendido, por encima de colores políticos, los intereses de los castellanos y leoneses. Por este motivo, ante la futura ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, «con la que ya fuimos muy críticos y sigue sin gustarnos», el Ejecutivo autonómico ha presentado un total de once enmiendas, según acordó en su reunión semanal. Un documento que se trasladó al Gobierno y a los grupos del PP, PSOE e Izquierda Plural en el Congreso y en el Senado. Así lo anunció el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien añadió que las propuestas, básicamente, solicitan una ampliación de plazos para adaptarse a la normativa, que se tenga en cuenta la financiación de la prestación de los servicios públicos y que se preserve el principio inspirador de la propia norma, «que no era otro que no incrementar el gasto público».

En este sentido, señaló que «la Junta no ha tenido miedo a gestionar servicios, pero es imposible sin dinero, no entiendo a las administraciones que se quieren quitar servicios», ha criticado en alusión a los ayuntamientos, que con esta nueva normativa quedarían liberados de prestar determinados servicios relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales.

De Santiago-Juárez indicó que la aplicación de la normativa podría aumentar el coste de los servicios públicos hasta en 382 millones de euros.

Por bloques, las alegaciones planteadas al área de Sanidad buscan que las labores de construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales siga siendo de los ayuntamientos o que, en el caso de que el traspaso a nuestra Comunidad suponga un incremento de costes, se siga prestando por los municipios por la fórmula de la delegación.

La Junta calcula que si tuviera que asumir esta competencia tendría que dedicar unos 30 millones de euros, mientras que actualmente estas labores las realiza «un concejal, el alguacil o un vecino» sin coste alguno para el Ayuntamiento, según De Santiago-Juárez.

En el caso de los servicios sociales, la Junta está en contra de distinguir y duplicar las funciones que ahora desarrollan los 1.500 trabajadores de los Centros de Acción Social (CEAS) gestionados por ayuntamientos y diputaciones con 51 millones de coste, porque de aplicarse la norma tal y como está supondría que el Gobierno autonómico tendría que desembolsar una cantidad idéntica (51 millones).

Además, en el caso de las residencias, la Junta se ha mostrado de acuerdo con la posibilidad de tejer una «red de residencias públicas a lo largo de todo el territorio», que dependieran de la Consejería, pero ha reclamado un plazo de cinco años para adaptar este modelo y negociar con los ayuntamientos y diputaciones la transferencia de al menos 201 millones de euros.

Sobre la rendición de cuentas de las entidades locales menores, las enmiendas persiguen que se aumente el plazo dado de tres meses y se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2014, que es el que la misma ley otorga a las fundaciones y empresas públicas de los ayuntamientos.

Por último, y en este caso en forma de consideración en lugar de propuesta de enmienda, la Junta de Castilla y León está de acuerdo con que las competencias educativas que ahora ejercen los ayuntamientos pasen a las autonomías después de que se modifique la Ley de Haciendas Locales y se apruebe el próximo modelo de financiación autonómica, pero remarcan que este cambio acarrearía al Gobierno autonómico un incremento del gasto de 100 millones.