El PP defiende que el IVA de mayores y dependientes se rebaje en seis puntos

El Grupo Parlamentario Popular de Castilla y León reclamó que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que pagan 25.000 personas mayores y dependientes en la Comunidad por los servicios asistenciales privados pase del 10 al 4 por ciento, y así situar ese tipo al mismo nivel que las prestaciones profesionales en los centros públicos o concertados.

De esta manera, cada castellano y leonés se ahorraría 100 euros al mes en servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el centro de día y de noche y la atención asistencial.

El PP presentó una Proposición no de Ley (PNL) para pedir al Parlamento autonómico que inste al Gobierno a dar los «pasos necesarios» para intentar reducir este IVA, que pasaría por incluir una enmienda durante el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado. La petición popular recoge que la carga impositiva diferenciada «distorsiona» la competitividad en la prestación de estos servicios y va contra el principio de equidad.

Tras mantener un encuentro en las Cortes con la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, recordó que esta situación puede provocar que dos personas mayores o dependientes que convivan en una misma habitación paguen dos IVAs diferentes o que abone el 10 por ciento al entrar en un centro privado y más tarde, cuando se le conceda la plaza concertada, pase a contribuir al 4 por ciento en la misma residencia y con los mismos cuidados.

Por su parte, el presidente de la entidad, Diego Juez, explicó la «complejidad» del actual sistema tributario de plazas residenciales para mayores y de los servicios de dependencia.

En este sentido, Juez detalló cómo en la actualidad existen tres modelos tributarios del IVA para estos servicios, uno exento, ofrecido por las organizaciones sin ánimo de lucro y que Acalerte entiende que debe «seguir así»; otro de 4 por ciento para las plazas públicas y concertadas cuando la ayuda es superior al 75 por ciento del coste y una tercera del 10 por ciento para aquellas plazas privadas.

Una «paradoja fiscal» que no ocurre «en ningún otro servicio o sector» en España, denunció Juez, quien explicó que su organización a nivel nacional ya ha mantenido encuentros con la mayoría de fuerzas que componen el Congreso de los Diputados, que les han trasmitido su «voluntad» de solventar este problema vía enmienda en los Presupuestos Generales del Estado.