El Senado admite el 90% de las demandas del Gobierno Herrera sobre la reforma local

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, dialoga con el ministro Cristóbal Montoro
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, dialoga con el ministro Cristóbal Montoro

La brega, el trabajo y las negociaciones que ha llevado a cabo el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera sobre la reforma local, que al principio «no gustaba nada», han dado buenos resultados. El Senado ha admitido el 90 por ciento de las demandas de Castilla y León sobre el modelo territorial nacional.

Así lo destacó el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien reiteró que las modificaciones introducidas en la Cámara Alta al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local culmina en una «norma sensible y en el que los ciudadanos del mundo rural serán una prioridad».

En este sentido, explicó que «no tenemos miedo a gestionar, sino que las competencias vengan bien valoradas», recalcó, motivo por el que destacó que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, haya manifestado que, tras la reforma tributaria, «se dará pie a la revisión del modelo de financiación autonómica y local» así como a la enmienda del PP para vincular los traspasos de competencias sociales que ejercen los municipios a las comunidades.

De Santiago-Juárez respaldó también la afirmación del ministro de que el Gobierno va a impulsar que las autonomías deleguen Servicios Sociales a las corporaciones locales con garantías de financiación. «Los servicios sociales salen reforzados si se potencian desde la administración más cercana», indicó Montoro.

«Es un camino complicado», reconoció el consejero, en declaraciones recogidas por Ical, al explicar que primero se transfiere la Educación, Sanidad y Servicios Sociales que prestan ahora los ayuntamientos a las autonomías, en los plazos de dos y cinco años, y después se inicia la delegación a los municipios de esos servicios.

El consejero de la Presidencia resaltó que «se proteja» a las entidades locales menores, ya que no serán disueltas en el caso de que ellas cumplan en sus cuentas y el ayuntamiento al que pertenecen no lo haga. Esta variable se suma a la enmienda recogida en el Congreso para ampliar de tres meses a un año el plazo para la rendición de cuentas.

«Castilla y León es la comunidad más afectada» por la reforma local, subrayó y recordó su extensión, su número de municipios (2.248), de entidades locales menores (35 por ciento de las existentes) y las nueve diputaciones provinciales, motivo que llevó a la Junta a elevar un informe critico con el anteproyecto de la ley y a enviar enmiendas a los grupos de Congreso y Senado para corregir la normativa.

Por todos estos motivos, De Santiago-Juárez concedió el apoyo de la Junta a la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, «por entender y corregir los problemas de la norma con Castilla y León». «Ministro ha hecho una reforma valiente, atrevida, difícil, aunque necesaria», concluyó.