La Diputación de Valladolid da la cara por los trabajadores de empresas «en peligro» empleos «en peligro»

La Diputación de Valladolid volvió a demostrar su solidaridad con las familias de los pueblos de la provincia que peor lo están pasando, así como la defensa a ultranza de los puestos de trabajo.

El Pleno de la institución provincial vallisoletana, presidido por Jesús Julio Carnero, salió en apoyo a los empleados de las empresas Tragsa, Lauki, Dulciora, Printolid, Banco de Santander y Banco España-Duero (Ceiss), para defender sus puestos que «están en peligro», bien por el cierre de las factorías o por reajustes en sus plantillas.

Los cinco grupos políticos con representación en la Diputación aprobaron una proposición conjunta donde manifiestan su apoyo a los trabajadores afectados, al tiempo que solicitan a las empresas que mantengan su actividad y los empleos en las plantas y sucursales de la provincia.

Además la iniciativa insta a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a que tomen las medidas a si alcance para evitar estos cierres o palien sus consecuencias, y hace un llamamiento a cuantas administraciones hayan concedido ayudas públicas a dichas empresas para garantizar su viabilidad y reclamen su devolución.

Estos acuerdos quieren contribuir a que se mantengan abiertas las plantas y sucursales de la empresas mencionadas, ya que su desaparición y la destrucción de los puestos de trabajo «sería nefasto para el tejido empresarial y comercial de la provincia», afirmó Jesús Julio Carnero.

Por otra parte, todos los grupos políticos condenaron de forma unánime los atentados ocurridos en Bruselas el día 22 de marzo y en Lahore el 27 de marzo, dando su respaldo a la proposición presentada por el Grupo provincial popular.

También el presidente de la Diputación de Valladolid confirmó que la próxima semana se celebrará una reunión para el seguimiento de las proposiciones que se hayan dado el visto bueno en las reuniones, como propuso la diputada de Ciudadanos, Pilar Vicente.

Por último, el Pleno aprobó, con algunas variaciones, la elaboración de un mapa y plan de actuación sobre los vertederos incontrolados en los pueblos vallisoletanos.