Las Cortes se alían en busca de una solución al sector minero

Se está convirtiendo en habitual, y brindamos por ello, que exista consenso en las Cortes de Castilla y León entre todos los grupos políticos para intentar solucionar conflictos que afectan a los ciudadanos. En esta ocasión fue el sector minero. PP, PSOE y Grupo Mixto renovaron el consenso de comunidad, y acordaron por unanimidad medidas dirigidas a la Junta y al Gobierno para resolver el conflicto del carbón, como son el pago de nóminas o su defensa más allá del año 2018, que permitirá que «se abra un poco de esperanza para las gentes de las cuencas mineras».

La procuradora socialista, Ángel Marqués, que defendió la Proposición No de Ley (PNL), lamentó que «la minería se muere, agoniza, por un Gobierno sordo a la desaparición». Por este motivo, indicó que el Parlamento autonómico ha preparado el camino al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para que le presente al Gobierno «aval y soluciones».

En esta misma línea, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, aseguró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere «liquidar» al sector, por lo que «tememos que no quede ninguna mina». Asimismo, declaró que «no se puede rechazar esta propuesta, en las cuentas se están viviendo auténticos dramas».

Por el PP intervino una persona que conoce muy bien el conflicto, el alcalde de la localidad leonesa de Toreno, Pedro Muñoz, que fue muy contundente al afirmar que «vamos a dar un sí, como una casa, a esta iniciativa». El procurador 'popular' reconoció tener la «lengua muy larga y poco talento, llamó «tonto del culo» al ministro Soria, y agradeció la PNL presentada al PSOE. «Lo que pedimos hoy no responde a una ocurrencia o capricho», advirtió, y concluyó su intervención exigiendo, que no instando como quiso dejar claro, al Gobierno a que trate igual a Castilla y León que a los demás.

Más consenso

Otra buena noticia llegó con la aprobación por unanimidad de la PNL presentada por el PP que insta a la Junta a que pida a la Administración central que articule medidas para reabrir y evitar nuevos cierres temporales de los paradores de Puebla de Sanabria (Zamora), Villafranca del Bierzo (León) y Cervera de Pisuerga (Palencia).

El procurador 'popular', José María Bravo, defendió que el Ejecutivo autonómico «ha estado en todo momento en contra de esos cierres» y con «la mano tendida para buscar soluciones», como se demuestra en que finalmente la clausura temporal solo haya afectado a tres centros en lugar de los seis inicialmente previstos. En este sentido, declaró que fue «una batalla ganada, no la guerra», por lo que «vamos a seguir trabajando para evitar nuevos cierres de los paradores». Por su parte, el socialista José Ignacio Martín Benito reprochó a Juan Vicente Herrera estar «permanentemente mudo en este proceso», algo que negó rotundamente José María Bravo, quien afirmó que el presidente «ha hecho gestiones como el que más, aunque no salga en la foto».

El PP apuesta por la eficiencia

Buscar la eficiencia. Por este motivo, el Grupo Popular rechazó una Proposición no de Ley del PSOE contra la supresión de servicios ferroviarios de media distancia y a favor de la actividad y el empleo actual. El procurador del PP, Alfonso García Vicente, calificó de «irónico y cínico» la posición que mantienen los socialistas en esta asunto, ya que fueron los gobiernos del PSOE los que iniciaron la privatización, y ahora el de Mariano Rajoy tiene que «arreglar el entuerto» por el déficit dejado por el de Rodríguez Zapatero. Por su parte, la socialista Ana Muñoz Peña señaló que el daño para nuestra Comunidad es «muy grande» por la pérdida de servicios ferroviarios, talleres y maquinaria que incidirá en el empleo. Y es que según explicó, la eliminación de la media distancia supone una «nueva agresión a la estabilidad y mantenimiento de puestos de trabajo».